La decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo reactivó la aplicación de la reforma laboral y fue celebrada por el presidente, Javier Milei, quien aseguró que el cambio “no podrá ser detenido”. El tribunal concedió la apelación presentada por el Gobierno y dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido más de 80 artículos de la ley.
El fallo, dictado por la Sala VIII, determinó que no corresponde suspender una normativa sancionada por el Congreso, lo que implica que los puntos centrales de la Ley de Modernización Laboral vuelven a estar vigentes, al menos hasta que haya una resolución definitiva.
Desde el oficialismo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la decisión y afirmó que “rige la ley de modernización laboral”, en línea con la postura del Ejecutivo de avanzar con la implementación plena de la reforma.
La medida revierte la cautelar dictada el 30 de marzo por el juez laboral Raúl Ojeda, quien había hecho lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). En ese momento, el magistrado argumentó que la suspensión buscaba evitar posibles daños si la norma era posteriormente declarada inconstitucional.
Entre los artículos que habían quedado frenados se encontraban cambios en el cálculo de indemnizaciones, la extensión del período de prueba, modificaciones en la tercerización laboral y nuevas regulaciones sobre la jornada de trabajo, como el sistema de banco de horas. También se había suspendido la posibilidad de que el empleador modifique unilateralmente ciertas condiciones laborales.
Tras ese fallo, el Gobierno avanzó con un recurso de apelación y un pedido de per saltum ante la Corte Suprema, con el objetivo de revertir la decisión y garantizar la vigencia de la ley.
Con la resolución de la Cámara, la reforma vuelve a aplicarse en su totalidad de manera provisoria, mientras continúa el proceso judicial sobre su constitucionalidad. Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa apunta a modernizar un sistema laboral “arcaico” y reducir la informalidad, uno de los principales argumentos que impulsaron su sanción.
