El próximo martes 12 de mayo, las universidades públicas de Argentina volverán a salir a las calles en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria durante el gobierno de Javier Milei. La protesta se centra en el financiamiento del sistema universitario, con especial atención a los salarios de docentes y no docentes y a la recomposición de las becas estudiantiles. Los organizadores reclaman al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en octubre de 2025 y ratificada por la Justicia.
La convocatoria está impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y contempla movilizaciones simultáneas en distintas ciudades del país.
Desde 2023, las transferencias de fondos a las universidades públicas cayeron un 45,6%, según denuncian desde el CIN, organismo que nuclea a los rectores de todo el país. Los gremios docentes y no docentes alertan que la pérdida salarial alcanza aproximadamente el 40% en los últimos dos años.
Uno de los principales reclamos gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. La vigencia de la norma fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Tras un primer fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia volvió a exigir al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos 5 y 6, que se refieren a la recomposición de salarios y becas estudiantiles. En respuesta, el 17 de abril, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender dichos artículos.
El conflicto se profundizó luego de que el veto presidencial de Milei fuera revertido por el Congreso en octubre. Posteriormente, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de la ley por decreto y, en diciembre, intentó derogarla a través de un artículo del Presupuesto 2026, sin lograr los votos necesarios.
A fines de febrero, el oficialismo presentó un proyecto alternativo que modifica varios puntos centrales de la ley con el argumento de “preservar” el equilibrio fiscal, iniciativa que es rechazada por las universidades y aún no avanzó en el Congreso.
Las movilizaciones anteriores se realizaron el 23 de abril de 2024, el 2 de octubre de 2024 y el 17 de septiembre de 2025, consolidando un patrón de protesta que vuelve a repetir la exigencia de un financiamiento justo y la defensa de los derechos salariales y estudiantiles en todo el país.
