Laura Beatriz De Marinis quedó en el centro de la escena judicial y política después de declarar inconstitucional, en un caso concreto, el artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y sobreseer a un adolescente acusado de tentativa de robo.
La magistrada está a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires y ejerce como jueza desde diciembre de 2023. Su carrera dentro de la Justicia porteña, sin embargo, había comenzado mucho antes.
De Marinis ingresó al Poder Judicial en 2006, cuando todavía no había terminado sus estudios de abogacía. A lo largo de los años pasó por distintos cargos dentro del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, con una trayectoria vinculada especialmente con el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal.
En 2017 asumió como prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, dependiente de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Esa función antecedió a su llegada a la magistratura.
En marzo de 2023 participó del concurso de oposición y antecedentes ante la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura porteño. Tras obtener la calificación requerida, el 19 de diciembre de ese año juró como jueza ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Su formación también está vinculada con la problemática de la infancia y la adolescencia. Según los antecedentes difundidos sobre su carrera, en 2022 obtuvo una especialización en Problemáticas Sociales Infanto Juveniles de la Universidad de Buenos Aires y participó además en trabajos doctrinarios relacionados con la Convención sobre los Derechos del Niño.
El fallo que volvió a ponerla en el centro de la escena
La resolución que ahora la llevó a las primeras planas surgió de una causa por tentativa de robo. El expediente involucraba a un adolescente de 14 años que, según la denuncia, habría participado junto con otros jóvenes de un intento de asalto a un hombre que logró escapar y pedir asistencia policial.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, comenzó a aplicarse el 5 de septiembre y fija la responsabilidad penal desde los 14 años para determinados delitos. El hecho investigado ocurrió después de la entrada en vigencia de la norma.
De Marinis consideró que la aplicación del régimen al adolescente resultaba regresiva respecto del sistema anterior de protección integral de derechos. En su resolución invocó el principio de no regresividad y normas internacionales vinculadas con los derechos de niños y adolescentes.
La decisión derivó en el sobreseimiento del adolescente y en la intervención de organismos vinculados con la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. La jueza sostuvo que frente a una conducta penal de un menor debe analizarse, en determinadas circunstancias, una respuesta estatal desde las áreas de asistencia y protección antes que recurrir al sistema penal.
La resolución, de todos modos, no anuló la Ley 27.801 para todo el país ni suspendió su aplicación general. El planteo de inconstitucionalidad fue realizado dentro de ese expediente y alcanzó al caso que tenía bajo análisis la magistrada.
El antecedente del caso del playero
El nombre de De Marinis también había adquirido notoriedad en 2023, poco después de asumir como jueza, cuando intervino en la causa por la agresión al playero Arturo López en un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat.
El joven involucrado había recibido una condena de cuatro años y seis meses de prisión por la agresión. En diciembre de 2023, De Marinis dejó sin efecto la prisión domiciliaria que cumplía y estableció otras medidas de control, entre ellas una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país.
Ese antecedente volvió a aparecer tras su reciente decisión sobre el Régimen Penal Juvenil, aunque se trata de dos expedientes diferentes y con circunstancias procesales propias.
La decisión sobre el adolescente de 14 años generó una fuerte reacción de funcionarios porteños. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada, mientras que fiscales especializados en materia penal juvenil apelaron la resolución y solicitaron su apartamiento de la causa.
La controversia se suma a otro fallo dictado en la provincia de Buenos Aires por la jueza Marta Pascual, quien había cuestionado la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en ese distrito. A diferencia del caso de De Marinis, aquella resolución había dispuesto una suspensión temporal de la aplicación de la norma en la provincia y luego fue revocada por la Cámara de Apelación y Garantías de Lomas de Zamora.
El caso de De Marinis queda ahora sujeto a las instancias de revisión judicial correspondientes, mientras su trayectoria profesional y sus antecedentes en el fuero penal juvenil volvieron a quedar bajo la atención pública a partir de una discusión que atraviesa a la Justicia, la política y el sistema de protección de niños y adolescentes.
