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La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la baja de imputabilidad a 14 años

La jueza Marta Pascual cuestionó la falta de infraestructura para recibir a más adolescentes y convocó a funcionarios a una audiencia.

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En los fundamentos, la magistrada puso el foco en las condiciones edilicias, institucionales y profesionales disponibles en la Provincia.

La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años, debido a las dudas planteadas sobre la capacidad del sistema bonaerense para recibir a los adolescentes alcanzados por la reforma.

La decisión fue tomada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

En los fundamentos, la magistrada puso el foco en las condiciones edilicias, institucionales y profesionales disponibles en la Provincia. Según planteó, la implementación de la nueva normativa podría generar un incremento considerable de adolescentes detenidos, tanto por la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años como por una mayor permanencia en los centros de detención.

Pascual también advirtió sobre el impacto que podría tener ese aumento en las condiciones de alojamiento. En particular, señaló que el hacinamiento puede elevar los niveles de inseguridad y violencia dentro de los establecimientos, además de afectar los estándares vinculados con los derechos de niños y adolescentes.

La suspensión tendrá vigencia durante 60 días, período en el que la Justicia buscará evaluar si existen las condiciones necesarias para aplicar el nuevo régimen sin vulnerar derechos fundamentales. Para avanzar en ese análisis, la jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10, a la que deberán asistir funcionarios bonaerenses responsables de la implementación.

En ese encuentro, representantes del Poder Ejecutivo provincial deberán informar qué medidas fueron adoptadas, cuáles están previstas y en qué plazos para adecuar el sistema a las nuevas exigencias. Mientras dure la suspensión, el Ministerio de Seguridad, el organismo provincial de Niñez y el Ministerio de Justicia bonaerenses deberán garantizar el cumplimiento de la resolución.

La medida judicial se conoció apenas dos días después de que la Ley 27.801 entrara en vigencia en todo el país. El Gobierno nacional reglamentó este lunes el nuevo régimen, que reemplazó al sistema penal juvenil vigente desde 1980 y redujo de 16 a 14 años la edad mínima para la responsabilidad penal.

La reforma establece además un máximo de 15 años de privación de la libertad y prohíbe las penas perpetuas. También contempla que, cumplidos dos tercios de una condena, el adolescente pueda continuar bajo otras sanciones y suma el monitoreo electrónico como una de las alternativas previstas.

Para determinados delitos con penas de hasta tres años, la ley incorpora medidas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño, prohibiciones de acercamiento y amonestaciones formales. Sin embargo, la aplicación de todo el régimen quedó temporalmente frenada en territorio bonaerense por la decisión de la jueza Pascual.

El fallo también generó una reacción política inmediata. Patricia Bullrich cuestionó al gobernador Axel Kicillof y criticó la decisión judicial, al sostener que la suspensión deja a los bonaerenses sin una herramienta que, según su postura, apunta a reforzar la respuesta frente a los delitos cometidos por menores.

De esta manera, mientras el nuevo régimen penal juvenil continúa vigente a nivel nacional, su implementación quedó suspendida durante 60 días en la provincia de Buenos Aires, donde la Justicia deberá analizar si el Estado provincial cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para ponerlo en práctica.

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