El peronismo comenzó a preparar la discusión legislativa sobre la Ley de Inocencia Fiscal y buscará introducir modificaciones para impedir que funcionarios y personas políticamente expuestas puedan acceder al régimen impulsado por el Gobierno. Con proyectos presentados en el Senado y la Cámara de Diputados, la oposición anticipa un debate que promete extenderse durante agosto en ambas cámaras.
Desde el Senado, Fernando Salino, integrante del interbloque Justicialista que conduce José Mayans, presentó dos iniciativas destinadas a limitar el alcance del régimen. El legislador sostuvo que el objetivo es evitar que quienes ejercen funciones públicas puedan beneficiarse con mecanismos excepcionales de regularización patrimonial.
El senador puntano explicó que una de las propuestas busca impedir que las personas políticamente expuestas ingresen al Régimen Simplificado de Ganancias, obligándolas a continuar presentando declaraciones juradas bajo el esquema general. La restricción alcanzaría también a cónyuges, convivientes y familiares directos, incluso hasta dos años después de haber dejado el cargo.
La segunda iniciativa plantea prohibir el acceso a cualquier régimen de blanqueo o exteriorización de activos a funcionarios y exfuncionarios que hayan ocupado cargos durante los últimos diez años. El proyecto alcanza a autoridades de los tres poderes del Estado, organismos de control y familiares directos, además de mantener excluidos a condenados por determinados delitos y contratistas del Estado.
Salino justificó la presentación de ambas propuestas al mencionar la situación del vocero presidencial Manuel Adorni, quien, junto a su esposa Bettina Angeletti, adhirió al régimen simplificado de Ganancias mientras enfrenta denuncias judiciales por presuntos hechos de corrupción.
En paralelo, el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó otra iniciativa con el mismo objetivo. El proyecto propone excluir de los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal a funcionarios, personas políticamente expuestas y sus familiares directos, al considerar que quienes administran recursos públicos deben estar sometidos a controles más estrictos.
Valdés sostuvo que permitir el ingreso de funcionarios al régimen "contradice principios básicos de transparencia" y podría facilitar maniobras de ocultamiento patrimonial. Además, argumentó que la propuesta busca mantener la coherencia con las exigencias previstas en la Ley de Ética Pública y con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención de la corrupción y lavado de activos.
Con estos proyectos ya presentados, el Congreso se encamina a una nueva discusión sobre la Ley de Inocencia Fiscal. La oposición buscará incorporar restricciones al texto promovido por el Gobierno, mientras el oficialismo intentará defender una iniciativa que considera clave para incentivar la formalización de los dólares fuera del sistema financiero.
