La Ley del Libro no será enviada al Congreso y, por el momento, no habrá modificaciones al régimen de precio fijo para las publicaciones. La posibilidad de eliminar esta normativa había causado una enorme preocupación entre libreros y editoriales, que expresaron su rechazo ante el impacto que la medida podía tener sobre la actividad y la diversidad de la oferta.
La confirmación fue realizada por el presidente Javier Milei, quien señaló que la iniciativa “no entró ni va a entrar” al Congreso. De esta manera, el anteproyecto elaborado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado quedó fuera de la agenda legislativa.
La propuesta contemplaba eliminar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que establece que el editor fija el precio de venta de un libro y que ese valor debe ser respetado por los distintos puntos de comercialización. Se trata del denominado régimen de precio fijo.
El objetivo planteado por el Gobierno era promover una mayor competencia entre las librerías y permitir que los comercios pudieran aplicar descuentos, promociones y otras estrategias comerciales para reducir el precio final de los libros. Desde el Ministerio de Desregulación habían defendido el anteproyecto bajo el argumento de que la eliminación de esa restricción permitiría ampliar las posibilidades de competencia y ofrecer mejores precios a los lectores.
La iniciativa, sin embargo, generó un fuerte rechazo entre librerías independientes y distintos actores del sector editorial. Uno de los principales argumentos planteados fue que la eliminación del precio fijo podría favorecer a los grandes actores del mercado, que tendrían mayor capacidad para reducir los precios de los títulos de mayor circulación y utilizar esas ofertas para atraer clientes.
Según la posición expresada por representantes del sector, esa dinámica podría afectar especialmente a las librerías pequeñas, que comercializan tanto los libros de mayor demanda como títulos de tiradas reducidas. El temor es que una eventual reducción de la cantidad de estos establecimientos termine impactando también sobre la diversidad de obras disponibles para los lectores.
En ese marco, integrantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes participaron de una reunión de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde expusieron los motivos de su rechazo al proyecto.
Representantes del sector también plantearon antecedentes internacionales para advertir sobre los posibles efectos de una desregulación. Juan Pablo Armenio, integrante de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, había señalado que la experiencia de Inglaterra derivó, según su análisis, en el cierre de unas 500 librerías, una reducción de la participación de los comercios pequeños y un aumento general del precio de los libros, con excepción de algunos títulos de mayor venta.
La senadora Patricia Bullrich había anticipado este jueves, en diálogo con Infobae, que el bloque oficialista buscaba “avanzar hacia medidas más estructurales” y había incluido a las librerías entre los sectores que no serían alcanzados por esa estrategia. “Farmacias y librerías no lo son”, afirmó.
Con la decisión confirmada por el Gobierno, la normativa vigente continuará sin modificaciones y el régimen de precio fijo seguirá regulando la comercialización de libros en el país.
