El proyecto para prevenir la ludopatía y regular las apuestas online ingresó en una cuenta regresiva decisiva. Después de obtener media sanción en Diputados en noviembre de 2024, la iniciativa permanece sin dictamen en el Senado y perderá estado parlamentario el próximo 30 de noviembre si no avanza antes de esa fecha.
Detrás de la discusión sanitaria aparece también un negocio multimillonario que atraviesa al deporte, los medios, la publicidad y las propias administraciones públicas. El proyecto CD-26/24 permanece en las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, encabezadas por los senadores Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita, respectivamente.
Hasta el momento, esas comisiones no avanzaron con un dictamen que permita encaminar el tratamiento de la iniciativa.
La propuesta había encontrado resistencia de La Libertad Avanza durante su paso por Diputados. Desde el oficialismo se cuestionaron aspectos del proyecto por considerar que introduce restricciones sobre la actividad comercial, la publicidad privada y competencias correspondientes a las provincias.
Desde sectores opositores, en cambio, apuntan contra el peso económico de las grandes plataformas de apuestas y denuncian presiones para evitar que la regulación avance. Esas acusaciones no implican, por sí mismas, que exista una relación comprobada entre las empresas mencionadas y la falta de tratamiento legislativo.
Qué cambiaría para las apuestas online
Uno de los puntos centrales del proyecto es la fuerte restricción a herramientas que actualmente forman parte de la estrategia comercial de las plataformas.
La iniciativa plantea prohibiciones sobre publicidad, patrocinio y bonos de bienvenida, mecanismos utilizados por empresas como bet365, Betano, Betsson, Bplay, BetWarrior, Stake, Sportsbet y Codere, entre otras.
El alcance tendría un impacto particularmente visible en el fútbol argentino, donde las empresas de apuestas adquirieron durante los últimos años una fuerte presencia comercial.
Betsson, por ejemplo, mantiene un acuerdo de patrocinio con Boca, mientras que Betano tuvo presencia como naming sponsor de la Liga Profesional y como auspiciante de River. BetWarrior también llegó a ser patrocinador oficial de la Selección argentina.
Por eso, una eventual aprobación no modificaría solamente las reglas para los sitios de apuestas: también tendría consecuencias sobre una fuente de financiamiento que ganó espacio dentro del deporte profesional.
El volumen económico explica parte de la relevancia de la discusión. Las estimaciones citadas en torno al mercado argentino ubican el movimiento anual del juego online en miles de millones de dólares, aunque existen diferencias significativas entre los cálculos disponibles.
El Estado también obtiene recursos de la actividad. Según los datos consignados, el impuesto indirecto sobre las apuestas online recaudó $106.601 millones durante los primeros ocho meses de 2026.
La advertencia por la ludopatía
Mientras continúa la disputa política y económica, organizaciones sindicales y sectores de la Iglesia reclaman que el Senado avance con la discusión por las consecuencias sociales asociadas al crecimiento de las apuestas.
Las dos CTA cuestionaron las demoras y sostuvieron que cada día sin tratamiento “convalida las ganancias millonarias de unos pocos grupos concentrados a costa del sufrimiento de millones de hogares”.
Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina también realizaron gestiones ante senadores para impulsar el debate.
El eje sanitario cobra especial relevancia por la facilidad de acceso a las plataformas digitales y su presencia cotidiana a través del deporte, las redes sociales y otras formas de publicidad.
La discusión parlamentaria busca establecer hasta dónde puede llegar la regulación estatal para reducir esos riesgos sin invadir competencias provinciales ni imponer restricciones consideradas excesivas por quienes cuestionan el proyecto.
Con el 30 de noviembre como fecha límite, el Senado dispone ahora de apenas dos semanas para destrabar una iniciativa que lleva dos años esperando una definición. Si no lo hace, la media sanción obtenida en Diputados perderá estado parlamentario y el debate legislativo deberá volver a comenzar.
