La Corte Suprema de Justicia designó a los dos conjueces que intervendrán en la causa que analiza la validez del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la denominada Ley de Tierras.
Los magistrados elegidos son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Ambos se incorporarán al análisis junto a los tres integrantes actuales de la Corte, luego de que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no alcanzaran la unanimidad necesaria para resolver el planteo.
El tribunal decidió además reducir a 24 horas el plazo para que la integración quede consentida, una medida adoptada “en atención a las particulares circunstancias de la causa”.
De esta manera, la Corte busca acelerar los tiempos para destrabar una discusión que permanece abierta desde la presentación judicial realizada contra uno de los artículos del DNU impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Qué debe resolver la Corte
El punto bajo análisis es el artículo 154 del DNU 70/23, que dispuso la derogación de la Ley de Tierras. El expediente se originó a partir de una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que sostiene que la medida es inconstitucional y reclama que sea declarada nula.
La organización argumentó que la derogación tiene consecuencias sobre la protección del ambiente, el territorio y los recursos naturales, además de involucrar derechos colectivos de los pueblos originarios.
La presentación inicial se realizó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. Posteriormente, el expediente llegó a la Cámara Federal de La Plata, aunque ninguna de esas instancias resolvió el fondo del planteo.
La discusión quedó finalmente en manos de la Corte Suprema.
El antecedente del reclamo de excombatientes de Malvinas
El máximo tribunal ya había intervenido en otro planteo relacionado con la derogación de la Ley de Tierras. En ese caso, rechazó un amparo promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) al considerar que la organización no tenía legitimación para impulsar esa acción y que no existía una controversia concreta que habilitara su intervención.
Aquella decisión no resolvió la discusión de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU.
Ahora, con Barroetaveña y Pérez Curci incorporados como conjueces y el plazo reducido a 24 horas para consentir la nueva integración, el expediente queda más cerca de una definición sobre la validez de la derogación de la Ley de Tierras.
