El Gobierno nacional comenzó a analizar cómo aprovechar el nuevo escenario abierto por el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras y evalúa avanzar en acuerdos parlamentarios que permitan darle mayor respaldo al DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
En este sentido, la estrategia oficialista contempla retomar conversaciones con bloques aliados en el Congreso y volver a poner sobre la mesa algunos aspectos de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado y continúa pendiente de tratamiento en Diputados. Según fuentes legislativas, en el Gobierno consideran que la resolución de la Corte puede abrir una oportunidad para negociar con sectores aliados y avanzar en una estrategia destinada a sostener el decreto.
El planteo oficial parte de una diferencia importante: la Corte Suprema no resolvió la constitucionalidad del DNU 70/2023, sino que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata porque entendió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido el amparo, no tenía legitimación para impulsar ese reclamo. El artículo 154 del DNU había dispuesto la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establecía un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales.
Entre otras restricciones, esa normativa establecía que las tierras rurales en manos de extranjeros no podían superar el 15% de la superficie total del territorio nacional, provincial o departamental, además de fijar límites para una misma nacionalidad y restricciones particulares en determinadas zonas.
La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo 154 luego de hacer lugar al planteo del CECIM. El Estado Nacional recurrió esa decisión y llevó la discusión ante la Corte Suprema.
El máximo tribunal, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que no existía un caso judicial que habilitara la intervención en los términos planteados por la asociación de excombatientes. Para los jueces, la soberanía territorial no podía ser considerada un “bien colectivo” susceptible de ser defendido mediante ese tipo de acción judicial.
La propia Corte dejó expresamente aclarado que su decisión no implicaba un pronunciamiento sobre la validez constitucional del DNU 70/2023 ni impedía que el Congreso ejerza sus atribuciones respecto de la norma.
La estrategia que analiza el Gobierno
En paralelo con la discusión judicial, el oficialismo analiza cómo utilizar el nuevo escenario para avanzar en el Congreso.
Una de las alternativas que se estudian es reincorporar el debate sobre la Ley de Tierras dentro del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, introduciendo eventualmente modificaciones a partir de los planteos de los bloques aliados.
Ese camino podría implicar que el proyecto vuelva al Senado si Diputados modifica el texto aprobado originalmente. En sectores del Gobierno consideran que una negociación de ese tipo podría servir para obtener respaldo parlamentario a otras partes del DNU 70/2023, al que dentro de la administración de Javier Milei consideran una herramienta central para su programa de desregulación. La discusión, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa preliminar y no existe una decisión definitiva sobre una nueva iniciativa legislativa.
El escenario también tiene un componente político: el DNU 70/2023 fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero esa decisión no alcanzó para dejarlo sin efecto porque la Cámara de Diputados no avanzó posteriormente con una definición que completara el mecanismo previsto para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.
Por ahora, el fallo de la Corte deja vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el artículo 154 del DNU, aunque la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de esa disposición no fue resuelta por el máximo tribunal.
El Gobierno deberá ahora definir si intenta consolidar ese escenario mediante una nueva negociación parlamentaria o si mantiene el esquema actual, mientras continúa el debate político y jurídico sobre los límites a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros.
