El juez federal Ariel Lijo le pidió a tres empresas contratistas del Estado nacional que entreguen la facturación completa de sus operaciones con +BE, la consultora de coaching propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Las firmas involucradas son Datco, National Shipping y Foggia Group.
Las tres tienen vínculos directos con organismos estatales. Datco abastece a ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas; National Shipping es contratista de YPF, empresa en cuyo directorio Adorni asumió como director titular en representación del Estado en enero de 2026; y el Grupo Foggia está vinculado a la concesión de Tecnópolis.
La medida busca determinar si existió un direccionamiento irregular en los contratos que +BE mantiene con esos proveedores y si las adjudicaciones funcionaron como un mecanismo de retorno de fondos públicos. La causa fue iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano.
Además de los requerimientos a las empresas, Lijo pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que identifique a los beneficiarios finales de las contrataciones y remita los legajos societarios de las firmas. También solicitó a la Jefatura de Gabinete, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, que informe si las tres empresas son contratistas recurrentes del Estado y acompañe las constancias de los procesos de adjudicación.
Esta investigación corre en paralelo a la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, y a otras dos pesquisas relacionadas con el jefe de Gabinete: un viaje familiar a Punta del Este y un vínculo comercial con el periodista Marcelo Grandio. Por el momento no hay imputaciones formales ni procesamientos en ninguna de estas causas. Los delitos que se analizan incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.
En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, Lijo también dispuso el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA de Adorni y su esposa, a pedido del fiscal Pollicita. La medida apunta a rastrear los pagos vinculados a la compra y remodelación de la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La Justicia analiza movimientos entre billeteras digitales y cuentas bancarias del funcionario que podrían rondar los 100.000 dólares, aunque el monto exacto sigue siendo objeto de peritajes. También forma parte de la reconstrucción patrimonial una herencia paterna que incluye el 33% de un terreno y un departamento donde actualmente vive su madre.
