La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la autorización para ejecutar un acuerdo de conciliación con dos grupos de acreedores que mantenían reclamos por títulos de deuda impagos desde el default de 2001. La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos y 97 negativos, luego de haber sido avalada previamente por el Senado. El entendimiento contempla el pago de USD 67 millones a la firma Bainbridge Ltd. y de USD 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, por un total de USD 171 millones.
Según explicó el Gobierno, el acuerdo incluye una quita cercana al 30% sobre los montos adeudados y debía ser ratificado por el Congreso antes del 30 de junio, fecha límite establecida en la negociación alcanzada ante la Justicia de Estados Unidos.
Los fondos involucrados integran el grupo de acreedores que no ingresaron a los distintos canjes de deuda realizados tras la cesación de pagos declarada por Argentina a fines de 2001. Con la aprobación parlamentaria, el Ejecutivo busca cerrar los litigios pendientes y dejar sin efecto medidas de ejecución y embargos que continuaban vigentes sobre activos soberanos.
El oficialismo consiguió una amplia mayoría gracias al acompañamiento de bloques aliados, entre ellos el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Provincias Unidas, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz e Independencia. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros bloques opositores.
Durante el debate, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch sostuvo que la aprobación permitirá cerrar un conflicto que lleva más de dos décadas y destacó que el acuerdo contempla una reducción de la deuda reclamada, la eliminación de costos judiciales adicionales y el compromiso de los acreedores de no impulsar nuevas acciones legales. Por su parte, la diputada oficialista Silvana Giudici señaló que el entendimiento permitirá resolver litigios que aún afectan activos estratégicos del país y aseguró que algunas de las acciones retenidas por los acreedores serán restituidas una vez concretado el pago.
Desde la oposición, el diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó la iniciativa y advirtió que el proyecto carece de una asignación presupuestaria específica para afrontar el desembolso. El legislador sostuvo que esa observación es similar a la utilizada por el Gobierno para justificar vetos a otras leyes aprobadas por el Congreso.
Con la sanción definitiva, el Gobierno queda habilitado para ejecutar el acuerdo y avanzar en el cierre de uno de los últimos litigios vinculados al default de 2001, una deuda que continuaba generando reclamos judiciales en tribunales estadounidenses más de dos décadas después de la cesación de pagos.
