El Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido a frenar en un plazo de dos semanas las actividades hidrocarburíferas vinculadas con el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. En paralelo, el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La medida apunta específicamente a la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La Casa Rosada también busca impedir que se otorguen nuevas autorizaciones para la exploración o explotación de recursos naturales en áreas de la plataforma continental que Argentina considera bajo su soberanía.
Según informó la Oficina del Presidente, el Ejecutivo activó el mecanismo previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR, que establece un procedimiento de arbitraje para determinadas controversias relacionadas con la interpretación o aplicación de la Convención sobre el Derecho del Mar.
La intimación establece un plazo máximo de 14 días para que el Reino Unido adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades relacionadas con Sea Lion. Si Londres no cumple con el requerimiento, el Gobierno argentino anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La administración de Milei sostiene que la explotación unilateral de hidrocarburos en la zona genera un perjuicio sobre los derechos que Argentina reclama respecto de su plataforma continental. En su presentación, además, vinculó el planteo con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relacionadas con la disputa de soberanía.
Entre ellas, el Gobierno citó la Resolución 2065 (XX), que reconoce la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido e insta a ambos países a buscar una solución pacífica mediante negociaciones. También hizo referencia a la Resolución 31/49, que llama a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras continúa pendiente la disputa.
El nuevo paso se produce pocos días después de que la Cancillería argentina presentara una nota formal de protesta contra la extensión por cinco años de licencias otorgadas a empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en las islas. El Gobierno había cuestionado entonces la ampliación de las autorizaciones y ratificado que no reconoce esas licencias.
En septiembre, además, el Poder Ejecutivo reforzó el régimen argentino para perseguir actividades hidrocarburíferas que considera no autorizadas. El Decreto 868/2026 estableció nuevas reglas para acelerar los procedimientos administrativos y designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.
El proyecto Sea Lion también quedó alcanzado por una decisión judicial en la Argentina. El Juzgado Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar determinadas actividades vinculadas con el emprendimiento hasta que se complete la evaluación de impacto ambiental correspondiente o el tribunal disponga otra cosa.
La resolución judicial contempla la suspensión de tareas como perforaciones, instalación de infraestructura submarina, sistemas de conducción y extracción comercial de hidrocarburos. Además, las empresas fueron intimadas a informar bajo declaración jurada el estado del proyecto y a preservar documentación técnica, ambiental, societaria, contractual y financiera relacionada con Sea Lion.
Desde el Reino Unido, la posición expresada oficialmente durante septiembre fue diferente. El Gobierno británico sostuvo que considera a las Islas Malvinas territorio británico y afirmó que sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales. También cuestionó las medidas argentinas contra empresas y personas vinculadas con actividades comerciales en el archipiélago.
