El Gobierno nacional amplió su ofensiva contra las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y abrió procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos, entre personas y empresas. La medida se suma a los 45 expedientes iniciados la semana pasada por actividades que la Argentina considera ilegales en el archipiélago.
Según informó la Casa Rosada, los nuevos procedimientos investigan presuntas violaciones al artículo 2 de la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en áreas donde la Argentina reclama soberanía y que no cuentan con autorización nacional.
Con esta nueva tanda, el Gobierno lleva adelante procedimientos contra 60 personas o entidades vinculadas, según su planteo, con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la zona de las islas. El Ejecutivo anticipó además que continuará identificando a otros actores que pudieran estar involucrados.
La decisión forma parte de la estrategia anunciada por Javier Milei para intentar frenar el avance del proyecto Sea Lion, que prevé la explotación petrolera en aguas próximas a las Malvinas y es impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
Para la Argentina, las licencias otorgadas por las autoridades de las islas carecen de legitimidad. Por eso, la Casa Rosada busca utilizar herramientas administrativas, diplomáticas y judiciales contra las compañías y personas vinculadas con esas operaciones.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con el proyecto petrolero: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La denuncia se suma a los procedimientos administrativos y apunta a profundizar la ofensiva contra las empresas que, de acuerdo con la posición oficial argentina, operan con permisos otorgados por las autoridades británicas de las islas que el país no reconoce.
El Gobierno también avanzó con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tiene previsto enviar al Congreso la próxima semana. La iniciativa busca modificar el esquema de sanciones vigente para las empresas y sus proveedores que desarrollen actividades sin autorización argentina en las islas.
Entre los cambios planteados aparece la posibilidad de endurecer las sanciones e incorporar, cuando corresponda, el juicio en ausencia. El proyecto también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que reúna a representantes de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
Ese organismo tendría además herramientas para responder ante amenazas de actores estatales y no estatales, según los lineamientos presentados por el Ejecutivo. La propuesta se integra con otras medidas anunciadas por Milei en cadena nacional, entre ellas el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur.
En ese marco, el Gobierno también trabaja en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, presentada como un proyecto estratégico para fortalecer la capacidad logística y la presencia argentina en el extremo sur.
La ampliación de los sumarios constituye así una nueva etapa de la estrategia oficial sobre Malvinas, que combina investigaciones administrativas, denuncias judiciales, cambios legislativos y medidas vinculadas con la defensa y la política exterior.
