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Malvinas: el Gobierno va contra cinco petroleras por operar sin autorización

La presentación alcanzará también a accionistas y autoridades de las compañías, a las que el Ejecutivo acusa de operar con licencias británicas que considera ilegales.

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La medida se fundamenta en presuntas infracciones a la Ley 26.659 y forma parte del paquete anunciado por Javier Milei para frenar proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago.

El Gobierno nacional avanzará con una denuncia contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, al considerar que sus actividades se desarrollan sin autorización argentina y en presunta violación de la Ley 26.659. La presentación fue informada este lunes por la Oficina del Presidente y se suma a las medidas anunciadas por Javier Milei para intentar frenar el avance de proyectos petroleros en el archipiélago.

Las compañías alcanzadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según el Gobierno, las tres primeras contarían presuntamente con licencias otorgadas por el Reino Unido para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la zona, permisos que la Argentina considera ilegítimos por tratarse de un territorio cuya soberanía reclama.

La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción no quedará limitada a las sociedades involucradas: también alcanzará a sus accionistas y a las personas que hayan tenido participación en las actividades cuestionadas.

En ese sentido, el Gobierno señaló que la denuncia comprende a directores, gerentes, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes y autorizados que hubieran intervenido en los hechos. El objetivo declarado es determinar responsabilidades por actividades hidrocarburíferas que el Ejecutivo considera contrarias a la legislación argentina.

La Ley 26.659 establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y exige autorización de las autoridades nacionales para realizar esas actividades. La normativa ya había sido utilizada en años anteriores para avanzar contra empresas vinculadas con proyectos petroleros en la Cuenca de Malvinas Norte.

La decisión del Gobierno se conoce pocos días después de que Milei anunciara por cadena nacional un paquete de medidas diplomáticas, administrativas y legislativas para reforzar el reclamo argentino sobre las islas. Entre ellas, el Presidente anticipó modificaciones a la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra compañías que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Uno de los principales focos de preocupación del Ejecutivo es el proyecto Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. La iniciativa está ubicada en la Cuenca Malvinas Norte y es señalada por el Gobierno como uno de los proyectos que avanzan hacia la explotación de petróleo en la zona. Argentina considera ilegales las licencias otorgadas para esas actividades, mientras que las empresas sostienen que sus permisos fueron concedidos legalmente por las autoridades de las islas y cuentan con respaldo británico.

En paralelo, el Gobierno instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a priorizar dentro del Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional. La iniciativa forma parte del esquema anunciado por Milei para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La Casa Rosada presentó la denuncia contra las cinco compañías como una acción destinada a proteger los recursos naturales y sostener el reclamo de soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

El Ejecutivo anticipó además que continuará investigando las actividades vinculadas con la explotación de recursos en el área y que promoverá nuevas acciones administrativas, judiciales o legislativas cuando considere que existen hechos que vulneran los derechos que Argentina reivindica sobre el territorio.

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