El Gobierno nacional decidió acelerar el proyecto de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, una de las principales medidas anunciadas por Javier Milei en el marco del nuevo paquete de acciones por la soberanía sobre las Islas Malvinas. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán este viernes a la provincia para recorrer el predio donde está prevista la construcción.
La visita de los funcionarios tiene como objetivo avanzar con los tiempos de la obra, que el Ejecutivo considera estratégica para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida. Quirno y Presti participaron este martes por primera vez de la Mesa Política del Gobierno, donde se analizaron los próximos pasos de la iniciativa y de la política oficial vinculada con Malvinas.
El proyecto contempla una Base Naval Integrada y un Polo Logístico en Tierra del Fuego. Para comenzar a avanzar con la iniciativa, el Gobierno ya reasignó US$142 millones del presupuesto nacional, aunque las estimaciones oficiales citadas por TN ubican el costo total de la obra entre US$400 y US$500 millones. De esta manera, todavía resta definir cómo se financiará aproximadamente el 70% de los recursos necesarios.
En ese contexto, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a priorizar la obra dentro del Presupuesto 2027, junto con otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional. El objetivo es garantizar los recursos necesarios para avanzar con una infraestructura que el Ejecutivo incorporó a su estrategia para el Atlántico Sur.
Desde el Gobierno remarcaron que la instalación no tendrá un carácter bélico, sino que funcionará como un polo logístico para el Atlántico Sur. Según explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, la base estará destinada a brindar apoyo operativo y científico y a respaldar la proyección argentina hacia la Antártida.
El avance de la obra se da además en paralelo con el endurecimiento de las medidas contra empresas que desarrollan actividades vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas. En los últimos días, el Gobierno presentó una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago y amplió las acciones administrativas contra otras empresas.
Este martes, además, el Ejecutivo anunció nuevas sanciones contra 15 empresas internacionales que, según la posición oficial, operan sin autorización argentina en Malvinas. La medida se sumó a las notificaciones realizadas durante el fin de semana contra otras 45 personas y empresas, en el marco de la estrategia anunciada por Milei para impedir actividades sobre recursos naturales que Argentina considera propios.
En paralelo, el Gobierno prepara el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será enviado la próxima semana a la Cámara de Diputados. La iniciativa busca endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra empresas y proveedores que operen sin autorización argentina en las islas y contempla, entre otras herramientas, la posibilidad de avanzar con juicios en ausencia cuando corresponda.
El proyecto también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El objetivo será coordinar la respuesta frente a eventuales amenazas provenientes de actores estatales o no estatales y dotar al Estado de herramientas económicas y diplomáticas específicas.
Así, la construcción de la Base Naval Integrada quedó incorporada a un esquema más amplio que combina infraestructura, defensa, diplomacia y medidas económicas en torno al reclamo argentino por Malvinas. Mientras el Gobierno avanza con la definición del financiamiento y la inspección del predio en Tierra del Fuego, también prepara el marco legal con el que busca reforzar su estrategia sobre los recursos y los espacios marítimos que Argentina reivindica como propios.
