La decisión apareció en uno de los momentos más sensibles para Manuel Adorni. Mientras crecen las preguntas sobre su patrimonio y se acerca la presentación de documentación ante la Oficina Anticorrupción, el vocero presidencial se sumó al Régimen Simplificado de Ganancias, un esquema que reduce el nivel de detalle en las declaraciones juradas.
Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el trámite fue presentado este miércoles ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Días antes ya había adherido su esposa, Bettina Angeletti.
La medida volvió a poner el foco sobre el patrimonio familiar y generó nuevas discusiones políticas porque ocurre en medio de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.
Cómo funciona el régimen
El Régimen Simplificado de Ganancias fue incorporado en la Ley 27.799 y está destinado a personas humanas que cumplan determinados requisitos fiscales.
El sistema permite presentar declaraciones juradas con menos carga administrativa y con información prearmada por ARCA. Luego, el contribuyente puede revisar, modificar y confirmar esos datos antes de presentar la documentación.
Desde el entorno de Adorni buscaron despegar la adhesión de cualquier maniobra vinculada al blanqueo de capitales.
“Nada tiene que ver con el blanqueo de dinero o meter dólares bajo el colchón”, señalaron colaboradores del funcionario.
El dato que aumentó las preguntas
La polémica tomó fuerza porque primero trascendió la adhesión de Angeletti y luego la de Adorni, justo antes de que el funcionario deba actualizar y presentar información patrimonial ante organismos de control.
Desde Casa Rosada defendieron la decisión y sostuvieron que se trata de un mecanismo “mucho más rápido y sencillo” para cerrar el año fiscal y cumplir obligaciones tributarias.
Sin embargo, el contexto político volvió inevitable el debate sobre el nivel de detalle que tendrá la información patrimonial presentada por el funcionario y su círculo más cercano.
El patrimonio, otra vez bajo la lupa
Aunque el régimen es legal y está habilitado para quienes cumplan las condiciones exigidas, la discusión quedó atravesada por el momento elegido para adherir.
La posibilidad de acceder a un esquema simplificado en medio de cuestionamientos sobre movimientos patrimoniales instaló nuevas críticas y reavivó pedidos de mayor transparencia sobre los bienes y declaraciones de los funcionarios públicos.
Mientras tanto, desde el Gobierno insisten en que la adhesión responde únicamente a una herramienta administrativa prevista dentro del sistema fiscal vigente.
