En medio de la nueva etapa de reformas del Estado, el presidente Javier Milei analiza crear un fondo específico para la compra de armamento destinado a las Fuerzas Armadas, financiado con un porcentaje de la venta de activos públicos.
La iniciativa, que todavía está en estudio dentro del Gobierno, propone destinar el 10% de lo recaudado por privatizaciones, venta de terrenos y otros bienes estatales al reequipamiento militar. Según estimaciones oficiales, el esquema podría generar entre 1500 y 3000 millones de dólares en distintas etapas.
En la Casa Rosada explican que el plan busca articular dos objetivos en paralelo: reducir la estructura del Estado mediante la venta de activos y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. La medida forma parte de lo que el oficialismo define como “una nueva etapa de la reforma del Estado”, con foco en 2026.
El mecanismo, sin embargo, abre un debate legal. En el Gobierno evalúan instrumentar el fondo por decreto, aunque reconocen que la legislación vigente —en particular la ley de administración financiera— establece que los recursos con asignación específica deben surgir del Congreso. “La ingeniería jurídica todavía está en análisis”, admiten en Balcarce 50.
El antecedente más cercano es el Fondo Nacional de la Defensa, creado en 2020 para financiar el reequipamiento militar. Sin embargo, el esquema perdió su principal fuente automática de financiamiento tras modificaciones recientes en el presupuesto, lo que refuerza la necesidad de nuevos mecanismos, según sostienen en el oficialismo.
Mientras tanto, el Gobierno ya avanza con distintos programas de incorporación de equipamiento. Entre ellos, la compra de vehículos blindados Stryker para el Ejército, el desarrollo del programa de aviones F-16 con entrenamiento de pilotos y la financiación de helicópteros navales livianos para la Armada. A eso se suman proyectos en estudio vinculados a submarinos y buques.
La apuesta oficial es que el nuevo fondo permita sostener este tipo de inversiones sin depender exclusivamente de los recursos corrientes del Tesoro. “La idea es financiar compras de gran escala con ingresos extraordinarios”, deslizan fuentes cercanas al Ejecutivo.
El plan se apoya, además, en un ambicioso cronograma de privatizaciones. Entre los procesos más avanzados aparecen empresas como Intercargo, Belgrano Cargas y AySA. También figuran iniciativas en marcha sobre el Correo Argentino, bajo un esquema de concesión, y otros proyectos más rezagados como Nucleoeléctrica Argentina.
En paralelo, los equipos técnicos trabajan en planes que involucran a SOFSE, YCRT y nuevos tramos de Corredores Viales, todos potenciales generadores de ingresos para alimentar el fondo.
Con este esquema, el Gobierno busca avanzar en una estrategia que combina ajuste del Estado, generación de recursos extraordinarios y fortalecimiento del aparato militar. Pero el debate sobre su legalidad y su impacto político ya empezó a tomar forma en el Congreso y entre especialistas.
