El intendente de Morón Lucas Ghi deberá presentarse ante el Concejo Deliberante luego de que la oposición lograra aprobar un pedido de interpelación por el caso de Luna Ortigoza, la exdirectora de Políticas de Género y Diversidad del municipio investigada en una causa por narcotráfico. La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria marcada por fuertes cruces políticos entre oficialismo y oposición. Con 16 votos afirmativos, los bloques opositores consiguieron avanzar con la citación formal al jefe comunal.
Ortigoza permanece prófuga y está siendo investigada después de que durante un operativo judicial encontraran más de medio kilo de cocaína en una vivienda vinculada a la causa. El episodio impactó de lleno en la gestión municipal y generó cuestionamientos sobre los mecanismos de control y selección de funcionarios dentro del Ejecutivo local.
Tras la aprobación del pedido, Ghi deberá concurrir al recinto en un plazo de cinco días hábiles para responder consultas vinculadas a los antecedentes de la exfuncionaria, los criterios de contratación y las medidas adoptadas por el municipio desde que se conoció la investigación judicial.
Durante el debate, desde La Libertad Avanza sostuvieron que el intendente debe asumir responsabilidades políticas por las personas que integran su gabinete. La concejal Alejandra Liquitay afirmó que los vecinos “exigen respuestas claras” frente a un caso de semejante gravedad y cuestionó que el oficialismo intentara relativizar el tema. “La preocupación no es solamente política, también es social”, sostuvo la edil, que además advirtió sobre el impacto del narcotráfico en los barrios vulnerables del distrito.
Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones de encubrimiento y defendieron el accionar del municipio. La concejal Vanina Moro, del espacio Movimiento Derecho al Futuro, aseguró que tanto Ortigoza como otra empleada municipal investigada en una causa distinta fueron apartadas de sus cargos apenas se conocieron las imputaciones judiciales. Además, sostuvo que el municipio entregó toda la documentación requerida por la Justicia y colaboró desde el inicio con la fiscalía y el juzgado interviniente. “La Justicia juzga personas y nosotros gobernamos”, expresó Moro durante la sesión, donde también planteó que no debe estigmatizarse a trabajadores municipales ni a vecinos a partir de un caso puntual.
El debate volvió a exponer las tensiones políticas que atraviesan al distrito y reactivó las discusiones sobre los controles internos dentro del Estado municipal. Desde la oposición reclamaron revisar los mecanismos de ingreso de personal y reforzar herramientas de prevención para evitar situaciones similares. Ahora, la expectativa política está puesta en la presentación que realizará el intendente ante el Concejo Deliberante, en una causa que ya trascendió el plano judicial y se instaló en el centro de la disputa política en Morón.
