El expresidente, Alberto Fernández y la ex primera dama, Fabiola Yáñez fueron denunciados penalmente por una presunta fiesta realizada a bordo del avión presidencial Tango 01 durante las restricciones por la pandemia de coronavirus.
La presentación fue realizada por el abogado Ignacio Barrios luego de un informe periodístico del periodista Luis Gasulla, quien reveló dos presuntos encuentros que habrían tenido lugar el 14 de julio y el 10 de agosto de 2020, cuando estaban vigentes fuertes restricciones a la circulación y a las reuniones sociales. El episodio que generó mayor repercusión habría ocurrido el 14 de julio de 2020, el mismo día en que Fabiola Yáñez celebró su cumpleaños en la Quinta de Olivos, una reunión que posteriormente se convirtió en uno de los principales escándalos de la gestión de Fernández.
Según la denuncia, Yáñez habría utilizado esa tarde el Tango 01, que permanecía estacionado en instalaciones de El Palomar, para realizar una celebración privada. El escrito judicial apunta contra funcionarios y particulares que eventualmente hayan intervenido en la organización y busca determinar si para concretar el encuentro se utilizaron bienes, servicios, personal, transporte, energía, equipamiento o fondos de la Administración Pública Nacional.
De acuerdo con la presentación, el avión habría sido acondicionado durante los tres días anteriores al supuesto festejo. Entre las tareas mencionadas figuran el traslado de una escalera, la conexión de un grupo electrógeno o equipo de potencia terrestre, la energización de la cabina, la instalación de heladeras y la provisión de catering.
También se mencionan torta, sushi o salmón, bebidas alcohólicas y música, además de la presunta participación de personal de aviación. La denuncia señala como principales apuntados a Fabiola Yáñez, Alberto Fernández y Leonardo Barone, quien fue piloto del expresidente y posteriormente se desempeñó como director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia.
Según la información que dio origen a la presentación, Fernández no habría estado presente en la celebración dentro del avión. Sin embargo, la denuncia busca establecer si tuvo algún tipo de intervención en la autorización del uso del Tango 01 y en la organización del encuentro. También se plantea la posibilidad de que los gastos vinculados con el supuesto festejo hayan sido afrontados mediante una caja chica de la Secretaría General de la Presidencia, algo que deberá ser comprobado mediante documentación oficial.
Pero el caso no se limita a aquella jornada. La presentación judicial incorpora además un segundo presunto encuentro ocurrido el 10 de agosto de 2020, nuevamente con el Tango 01 estacionado en El Palomar.
Sobre esa reunión existen por ahora menos detalles. La denuncia sostiene que habrían participado amigos de Yáñez, aunque será la investigación la que deberá establecer quiénes estuvieron presentes, cuál fue el motivo del encuentro y si también se utilizaron recursos estatales.
Uno de los puntos centrales de la causa será determinar qué pruebas existen para acreditar los hechos. Gasulla afirmó que habría fotografías y videos de las celebraciones, pero la propia denuncia advierte que esos archivos no fueron publicados con sus soportes originales, metadatos, procedencia ni cadena de custodia.
Por ese motivo, el abogado pidió que la Justicia avance sobre registros estatales, documentación técnica, testimonios y peritajes independientes para confirmar o descartar la existencia de los episodios, reconstruir la eventual cadena de órdenes y establecer si hubo utilización de recursos públicos.
La presentación se produce varios años después del escándalo por la celebración del cumpleaños de Yáñez en la Quinta de Olivos, ocurrido también el 14 de julio de 2020, en un momento en que el Gobierno mantenía restricciones sanitarias para la población. Ahora la Justicia deberá determinar si efectivamente hubo festejos privados a bordo del avión presidencial, quiénes participaron y si se utilizaron recursos del Estado para llevarlos adelante.
Por el momento, se trata de una denuncia penal y no de hechos judicialmente comprobados. La investigación deberá reunir las pruebas necesarias para determinar si existieron responsabilidades y, eventualmente, contra quiénes.
