El oficialismo lanzó este lunes una fuerte ofensiva contra Axel Kicillof luego de que la Justicia bonaerense suspendiera durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. La medida impide por el momento implementar en territorio bonaerense la norma nacional que bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
Las principales críticas llegaron de Patricia Bullrich, Diego Santilli y Luis Petri, quienes responsabilizaron al gobernador por las consecuencias del fallo y cuestionaron tanto su silencio como la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
Bullrich sostuvo que en la provincia existe una Justicia que “deja libres” a quienes cometen delitos y acusó a Kicillof de ponerse “del lado de los delincuentes”. La senadora libertaria vinculó la suspensión del nuevo régimen con su diagnóstico sobre la seguridad bonaerense y afirmó que los habitantes de la provincia viven “con miedo”.
En la misma línea, Santilli cuestionó que Kicillof no se haya pronunciado sobre el fallo y planteó un escenario hipotético para defender la aplicación de la reforma. “En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune”, sostuvo el jefe de Gabinete, quien concluyó su mensaje con una acusación directa al gobernador.
Petri, por su parte, apuntó además contra la magistrada que dictó la suspensión. El ministro de Defensa calificó a Pascual de “jueza kirchnerista” y cuestionó que la nueva normativa haya quedado frenada apenas dos días después de su entrada en vigencia. También defendió el objetivo de la ley sancionada por el Congreso y reclamó que se aplique.
La ofensiva oficialista se produjo mientras la Ley 27.801 comenzó a regir en todo el país el sábado pasado y fue reglamentada este lunes por el Gobierno nacional. La reforma reemplazó el régimen que estaba vigente desde 1980 y estableció un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años que sean imputados por delitos alcanzados por la normativa.
Sin embargo, la decisión de la Justicia bonaerense generó una excepción para la provincia. La jueza Pascual ordenó suspender preventivamente la aplicación de la norma durante 60 días luego de hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.
El fundamento del fallo no estuvo puesto en cuestionar de manera definitiva la vigencia de la ley nacional, sino en las condiciones con las que cuenta la Provincia para implementar el nuevo régimen. Pascual advirtió sobre la capacidad edilicia, institucional y profesional del sistema bonaerense para recibir a adolescentes de 14 y 15 años y señaló que la reforma podría provocar un aumento de la población menor de edad detenida.
La magistrada convocó además a una audiencia para el 16 de septiembre, a la que deberán concurrir funcionarios bonaerenses responsables de las áreas involucradas en la implementación. Allí deberán informar qué medidas fueron adoptadas, cuáles están previstas y en qué plazos podrían concretarse.
El fallo abrió así un nuevo frente de disputa entre el Gobierno de Javier Milei y la administración de Kicillof, esta vez alrededor de la política de seguridad y la implementación del nuevo régimen penal para adolescentes. Mientras el oficialismo reclama que la ley sea aplicada, la Justicia bonaerense mantiene suspendida su ejecución hasta evaluar las condiciones existentes en el sistema provincial.
