La Libertad Avanza resolvió levantar la sesión que estaba prevista para este jueves en el Senado ante la posibilidad de que la oposición impulsara un pedido de interpelación y eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia por su situación patrimonial y la investigación judicial que enfrenta.
La decisión implicó dejar sin tratamiento una serie de iniciativas que figuraban en el temario, entre ellas el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y varios pliegos de jueces para la Cámara del Trabajo que ya contaban con dictamen.
El oficialismo evaluó que abrir el recinto generaba una oportunidad para que el bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, avanzara con planteos contra Adorni. Frente a ese escenario, optó por desactivar la convocatoria y evitar una discusión que podría profundizar la crisis política que atraviesa el funcionario. En paralelo, también quedó en duda la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para este miércoles. El encuentro había sido solicitado luego de que Adorni comunicara que presentará su informe de gestión recién en julio.
La decisión del jefe de Gabinete de postergar su exposición generó cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores aliados. Incluso Villarruel había manifestado la necesidad de que el funcionario concurriera al Senado antes de que termine junio.
Desde el oficialismo sostienen que no existen condiciones para que prospere una moción de censura en el corto plazo, aunque reconocen que la oposición podría aprovechar cualquier sesión para presentar pedidos de interpelación o cuestiones de privilegio. “Seguramente, en la sesión del jueves, el peronismo iba a pedir la interpelación o presentar cuestiones de privilegio contra Adorni”, señalaron desde el bloque libertario.
La ofensiva opositora tomó impulso tras una presentación realizada por senadores del interbloque Justicialista, entre ellos Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria, quienes cuestionaron la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. Los legisladores sostienen que existen “inconsistencias patrimoniales”, además de presuntas omisiones y contradicciones en las declaraciones presentadas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). También plantearon que se registró un “inexplicable incremento patrimonial” desde su llegada a la función pública, una situación que, según afirman, debe ser esclarecida tanto en sede judicial como parlamentaria.
A la presión opositora se sumaron voces de sectores habitualmente cercanos al oficialismo. La senadora salteña Flavia Royón, integrante de Primero los Salteños y aliada parlamentaria del Gobierno, advirtió que la continuidad de Adorni dependerá de la evolución de la investigación judicial. “Si la Justicia avanza con la investigación y claramente lo imputa y lo procesa, tiene que dar un paso al costado”, afirmó la legisladora. Royón también sostuvo que, si no hay una definición política por parte del Ejecutivo, el Congreso podría intervenir mediante los mecanismos previstos en la Constitución, entre ellos una eventual moción de censura que podría derivar en la remoción del jefe de Gabinete. Mientras tanto, el Senado quedó sin actividad legislativa para esta semana y la discusión sobre el futuro político de Adorni continúa trasladándose tanto al plano judicial como al parlamentario.
