Una denuncia presentada ante la Justicia federal busca determinar si alimentos comprados con fondos públicos para la Quinta de Olivos fueron utilizados en un emprendimiento privado de catering relacionado con personas que trabajaban en la residencia presidencial. La presentación fue realizada por la diputada Marcela Pagano y apunta contra tres personas vinculadas con la administración de la residencia.
Entre los señalados aparecen María Belén Agudiez, quien hasta esta semana se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia; Osvaldo Sosa, exintendente de Olivos; y Analía Agudiez, hermana de la exfuncionaria y encargada de la cocina de la residencia. Por el momento, se trata de una hipótesis que deberá ser corroborada durante una eventual investigación judicial.
La presentación plantea que parte de los productos adquiridos para abastecer a la Quinta podrían haber sido destinados a “Pancitos Caseros”, un emprendimiento de panadería, pastelería y catering que figura vinculado a Analía Agudiez. La denuncia solicita reconstruir la actividad comercial de la firma desde 2024 y determinar qué servicios realizó, quiénes fueron sus clientes y de dónde provinieron los insumos utilizados.
Uno de los eventos que aparece mencionado es el festival Bizarren Musik Party, realizado el 3 de marzo de 2024 en el estadio de GEBA. La denunciante pidió investigar si Pancitos Caseros participó del servicio gastronómico y, en ese caso, si pudo haber utilizado productos que habían sido adquiridos originalmente para la residencia presidencial.
La presentación también menciona un segundo evento realizado en el mismo estadio ese mes: un recital de Los Palmeras, el 22 de marzo. Como parte de la documentación incorporada figura un presupuesto atribuido al emprendimiento por un servicio de catering que incluía empanadas, pizzas, cafetería, budines, barras de cereal, frutas, frutos secos y otros alimentos, además del personal necesario para atender el evento.
El presupuesto presentado ante la Justicia establecía un valor de $685.000 e incluía, entre otros elementos, dos tablas medianas de quesos y fiambres sin costo adicional. Para Pagano, la participación del emprendimiento en dos espectáculos masivos durante el mismo mes constituye un elemento que debería ser investigado para determinar si existía una actividad comercial sostenida.
Otro de los puntos incluidos en la denuncia es la situación fiscal de Pancitos Caseros. Según la presentación, Analía Agudiez figuraba en la categoría D del monotributo, circunstancia que la denunciante considera relevante para analizar si ese nivel de registración era compatible con una actividad de catering para eventos de esas características.
La presentación también sostiene que las cuentas de redes sociales del emprendimiento fueron eliminadas recientemente. Por ese motivo, solicita que se preserven y reconstruyan los registros que permitan conocer la actividad comercial desarrollada, sus contrataciones y los movimientos vinculados con los servicios gastronómicos.
La sospecha sobre el destino de los alimentos se apoya además en las cantidades contempladas en una contratación oficial de la Secretaría General de la Presidencia. La licitación prevé la adquisición de 29.505 kilos de carnes, pollo, cerdo, achuras y pescado durante seis meses: 20.370 kilos destinados a Casa Rosada y 9.135 kilos para Olivos.
Dentro de las cantidades previstas exclusivamente para la residencia presidencial aparecen 2.160 kilos de pollo entero, 1.200 kilos de paleta, 900 kilos de nalga para milanesa, 2.100 kilos de roast beef y 540 kilos de bondiola de cerdo. La denuncia plantea que esos volúmenes deben ser contrastados con los ingresos efectivos de mercadería y su posterior utilización.
También se compararon los insumos de pastelería destinados a ambos edificios. De acuerdo con la documentación incorporada, Olivos tenía previstos 800 kilos de harina 000, frente a 500 kilos para Casa Rosada. En el caso del dulce de leche colonial, la diferencia era todavía mayor: 48 potes para la residencia presidencial contra 12 para la sede gubernamental. Además, figuraban 75 kilos de chocolate para moldeo destinados exclusivamente a Olivos.
La denuncia fue presentada en un momento de cambios dentro de la Quinta de Olivos. El Gobierno había desplazado a 12 empleados civiles y avanzó con el traspaso de la administración de la residencia a la Casa Militar. Posteriormente, se conoció la salida de Belén Agudiez de su cargo en la Secretaría General de la Presidencia. Los trabajadores desplazados serán reubicados en dependencias de Casa Rosada.
Por ahora, el expediente no comenzó formalmente. El fiscal Eduardo Taiano deberá definir si impulsa la acción penal y solicita medidas de prueba para determinar si existió efectivamente un desvío de recursos estatales. El juez que podría intervenir en la causa es Julián Ercolini.
La investigación deberá establecer cuánta mercadería ingresó realmente a Olivos, quién la recibió, cuál fue su destino y si existió una conexión con los servicios privados de catering. También tendrá que determinar si personal de la residencia participó en actividades comerciales particulares y si para esos trabajos se utilizaron recursos adquiridos por el Estado.
Desde el entorno de Belén Agudiez rechazaron las acusaciones y aseguraron que la exfuncionaria nunca utilizó productos de la Quinta de Olivos para un emprendimiento privado ni empleó las instalaciones oficiales con fines particulares.
