La situación patrimonial de María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, quedó bajo análisis a partir de sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. Según esos documentos, la funcionaria ingresó a la administración pública con un patrimonio declarado de $43.861 y cerró 2025 con activos por aproximadamente $4,5 millones.
La diferencia surge de comparar la primera declaración jurada con la correspondiente al cierre del ejercicio 2025. Al asumir en el Estado, Agudiez declaró $8.861 en cajas de ahorro y $35.000 en efectivo.
En la declaración correspondiente a 2024, su primer año completo en la función pública, informó un patrimonio de $2.486.946. Allí figuraban $17.238 en cuentas bancarias, $244.544 en una cuenta de pago de una plataforma no bancaria, $7.936 en un fondo común de inversión y $2,1 millones en efectivo, según el desglose de sus presentaciones.
Para el cierre de 2025, Agudiez declaró activos por $4.500.000. La mayor parte estaba nuevamente en efectivo: $3,5 millones. También informó $9.537 en cuentas bancarias en pesos, una caja de ahorro en dólares con una tenencia declarada de US$34.443, $510.084 en una cuenta de pago PSP y distintas inversiones en fondos comunes.
Entre esas inversiones aparecían SBS Gestión Renta Fija, con $32.677; SBS Latam, con $14.514; y Mercado Fondo, con $25.203. Estos últimos instrumentos forman parte de las tenencias declaradas por la exfuncionaria al cierre del ejercicio.
En cuanto a sus movimientos durante 2025, la declaración jurada consignó ingresos por $37.624.161 provenientes de trabajo, alquileres y otras rentas, frente a gastos personales por $35.999.482. La diferencia entre ambos conceptos fue de alrededor de $1,6 millones.
En qué momento se dio el crecimiento patrimonial de Agudiez
El crecimiento patrimonial informado en las declaraciones juradas ocurre durante el período en el que Agudiez se desempeñó en la administración nacional. Había sido designada subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia y presentó su renuncia, que fue aceptada mediante el Decreto 1055/2026, publicado el 21 de septiembre. La norma establece que la dimisión rige desde el 20 de septiembre y no menciona un motivo para la salida.
Su renuncia se produjo en paralelo a la reestructuración de la Quinta de Olivos, que incluyó la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial y el traspaso de sus funciones a la Casa Militar. En ese proceso también fueron desplazados otros empleados civiles de la residencia.
A partir de esa reorganización también surgieron denuncias y acusaciones sobre presuntas irregularidades en compras destinadas a la Casa Rosada y a Olivos. La diputada nacional Marcela Pagano presentó cuestionamientos y sostuvo que determinados alimentos adquiridos mediante contrataciones públicas podrían haber terminado en un emprendimiento privado de catering vinculado a familiares de Agudiez. Esos señalamientos forman parte de una denuncia y no constituyen por sí mismos una conclusión judicial sobre la existencia de un delito.
La situación patrimonial y las denuncias sobre contrataciones son, por lo tanto, cuestiones diferentes. Las declaraciones juradas permiten establecer cuánto declaró Agudiez en cada período y cómo estaban compuestos sus activos, pero el incremento patrimonial no demuestra por sí solo la existencia de una irregularidad. Para determinar si hubo un delito o una incompatibilidad patrimonial se requieren controles administrativos y, eventualmente, una investigación judicial.
El caso adquiere relevancia pública por el cargo que ocupaba Agudiez y por el contexto de su salida del Gobierno. La documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción será el elemento objetivo para reconstruir la evolución de sus bienes durante el período en el que ejerció funciones en la Secretaría General de la Presidencia.
