La polémica en torno a la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni continúa escalando y ya provocó una fuerte reacción política en el Congreso, donde distintos bloques impulsan iniciativas para exigir explicaciones al funcionario.
Legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, sectores federales y la izquierda solicitaron una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo 23 de junio con el objetivo de debatir proyectos de interpelación y mociones de censura vinculadas a la situación del jefe de Gabinete. La presentación fue acompañada por representantes de distintos espacios opositores y refleja el creciente nivel de cuestionamientos que generó la controversia alrededor de la evolución patrimonial del funcionario y las explicaciones brindadas en los últimos días.
Las críticas no se limitaron a la oposición. La vicepresidenta Victoria Villarruel también expresó públicamente su desacuerdo con las explicaciones ofrecidas por Adorni y reclamó que el jefe de Gabinete cumpla con su obligación constitucional de rendir cuentas ante el Congreso. La vicepresidenta convocó para los próximos días a una reunión de jefes de bloque con el objetivo de analizar la situación y coordinar acciones vinculadas a la presencia del jefe de Gabinete en el Congreso.
Las repercusiones también alcanzaron a sectores aliados del Gobierno. La titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a marcar distancia respecto del manejo del caso y cuestionó la situación generada alrededor de la declaración patrimonial. La dirigente sostuvo que la controversia trasciende un error administrativo y planteó cuestionamientos vinculados a la responsabilidad ética de los funcionarios públicos. Las declaraciones profundizaron una serie de diferencias que ya habían quedado expuestas en otras discusiones recientes dentro del oficialismo.
Entre las iniciativas presentadas aparece un proyecto impulsado por legisladores de Provincias Unidas que propone convocar formalmente a Adorni para brindar explicaciones ante el Congreso. Los autores sostienen que la obligación de presentar declaraciones patrimoniales precisas constituye un requisito central para quienes ejercen funciones públicas y consideran necesario esclarecer las diferencias planteadas en torno a la información patrimonial difundida recientemente. El pedido también incorpora referencias a las exposiciones que el funcionario realizó ante la Cámara de Diputados y a las explicaciones públicas que brindó posteriormente en distintos medios de comunicación.
Más allá de la presentación de los proyectos, la oposición deberá reunir una serie de mayorías parlamentarias para avanzar con las iniciativas. En primer término, necesitará alcanzar el número necesario para habilitar la sesión especial. Luego deberá lograr que las comisiones competentes traten los proyectos y emitan dictámenes antes de que puedan llegar al recinto.
Por el momento, Adorni confirmó que concurrirá al Senado durante julio para presentar su informe de gestión, aunque los sectores críticos buscan acelerar los tiempos y avanzar con mecanismos específicos vinculados a la controversia patrimonial.
Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones políticas tanto dentro como fuera del oficialismo y se perfila como uno de los principales focos de debate en el Congreso durante las próximas semanas.
