El gobierno nacional destacó a las provincias que lograron garantizar el servicio mínimo del 75% de actividad escolar durante el paro docente convocado por CTERA y cuestionó con dureza la postura de la provincia de Buenos Aires, a la que acusó de obstaculizar las tareas de fiscalización impulsadas por la Nación.
Desde la Casa Rosada señalaron que siguieron de cerca el impacto de la medida de fuerza y evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Modernización Laboral, que establece la prestación mínima en los servicios considerados esenciales.
Según informaron fuentes oficiales, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe superaron el piso exigido por la normativa, mientras que en Entre Ríos, Chubut y San Juan se registró un "muy bajo acatamiento" al paro. En contraste, el Ejecutivo apuntó contra la administración bonaerense por, según sostuvo, "escatimar" información e impedir las inspecciones de la Secretaría de Trabajo para verificar el nivel de actividad en las escuelas.
"Nosotros nos ocupamos de fiscalizar el cumplimiento de la jornada escolar como marca la ley. Si eso no se logró, seguramente habrá sanciones a los gremios", indicaron desde Balcarce 50. No obstante, aclararon que las eventuales sanciones no alcanzarían a los docentes que adhirieron a la protesta, sino a las organizaciones sindicales en caso de comprobarse incumplimientos.
Para realizar el relevamiento, la Secretaría de Trabajo desplegó inspectores en sus 43 agencias territoriales distribuidas en todo el país.
La tensión con la provincia de Buenos Aires se profundizó luego de que trascendiera una comunicación interna de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dirigida a inspectores y directivos, en la que se fijaban criterios de actuación frente a eventuales pedidos de información de la Secretaría de Trabajo nacional.
Además, el Ministerio de Trabajo bonaerense presentó un planteo formal solicitando que el organismo nacional se abstuviera de realizar fiscalizaciones sobre el empleo público provincial. La administración de Axel Kicillof argumentó que la Constitución Nacional impide que un organismo administrativo nacional ejerza ese tipo de facultades sobre competencias reservadas a las provincias.
Desde el Gobierno nacional rechazaron esa postura y remarcaron que "la provincia de Buenos Aires termina admitiendo lo que el Gobierno dice, es un tema de ellos", al tiempo que calificaron el paro como una medida "muy politizada".
La protesta fue convocada por CTERA, que reclamó la convocatoria a una Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un mayor financiamiento para el sistema educativo. Según el sindicato, la huelga registró "un altísimo acatamiento en todo el país".
