La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, busca destrabar en el Senado el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 mediante una ronda de consultas con ministros de Salud provinciales. El objetivo es alcanzar un texto que reúna los consensos necesarios para avanzar después de dos reuniones informativas sin acuerdo entre los bloques.
Bullrich, junto con la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Ivana Arrascaeta, mantuvo este lunes reuniones virtuales con autoridades sanitarias de distintas provincias. Este martes 25 de agosto continuará la ronda y por la mañana será el turno de Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tucumán, San Juan, San Luis y Misiones.
El proyecto fue enviado por el Gobierno de Javier Milei al Senado el 18 de abril y todavía no consiguió un acuerdo político para avanzar. Entre sus principales ejes aparecen las modificaciones al régimen de internaciones involuntarias y la incorporación de las adicciones a las drogas dentro del abordaje de la salud mental.
Bullrich busca el respaldo de las provincias
La estrategia oficial apunta a recoger observaciones de quienes administran los sistemas sanitarios provinciales antes de intentar avanzar con el debate parlamentario.
Según explicó Bullrich, la legislación vigente presenta "dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves". La senadora sostuvo que la reforma pretende dar herramientas a las familias, fortalecer los equipos interdisciplinarios y permitir una intervención antes de que las situaciones terminen en tragedias.
La ronda comenzó este lunes con funcionarios de Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.
Este martes continuará con los restantes ministros provinciales. El encuentro con Neuquén y Río Negro adquiere especial interés para la región, ya que ambos sistemas deberán aplicar cualquier modificación que finalmente sea aprobada por el Congreso.
El proyecto está trabado en el Senado
El Poder Ejecutivo presentó la iniciativa el 18 de abril. Después se realizaron dos reuniones informativas en el Senado, el 28 de abril y el 12 de mayo, pero el oficialismo todavía no logró reunir los acuerdos necesarios con los bloques dialoguistas.
La dificultad no está solamente en la discusión sobre la necesidad de modificar la norma, sino también en qué cambios concretos tendrá el texto que llegue al recinto.
Los distintos bloques plantearon modificaciones al proyecto original y ahora Bullrich intenta incorporar parte de esas observaciones para construir una propuesta con mayor respaldo político.
El proyecto oficial plantea modificar distintos artículos de la Ley 26.657 y también introducir cambios relacionados con el Código Civil y Comercial. Entre sus objetivos aparece una mayor participación del criterio médico y de la psiquiatría en la evaluación y tratamiento de situaciones complejas.
Qué cambia con las internaciones involuntarias
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el régimen de internación involuntaria, una cuestión que concentra buena parte de la discusión política y sanitaria.
La propuesta mantiene el carácter excepcional de esta herramienta y establece que podrá utilizarse cuando exista riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.
El proyecto original planteaba un papel central del médico psiquiatra. Entre las modificaciones que se analizan ahora aparece la posibilidad de que la internación sea avalada por dos profesionales, de los cuales al menos uno deberá ser médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría.
La intención es modificar el texto original sin eliminar la intervención profesional ni convertir la internación involuntaria en una medida automática.
También se analiza ampliar, en casos excepcionales, el plazo de 48 horas para comunicar y fundamentar la medida ante la Justicia.
El plan de egreso también forma parte de la negociación
Otro de los cambios que se estudian apunta a que la salida de una internación no sea considerada solamente al final del tratamiento.
La propuesta contempla establecer un plan de egreso desde el momento del diagnóstico como requisito para la internación.
Además, se analiza que el representante legal, el cónyuge conviviente, los padres o los hijos sean notificados con anticipación para coordinar las condiciones necesarias para el regreso de la persona a su entorno.
El objetivo de esta modificación es incorporar a la discusión no solo el momento de la crisis, sino también qué ocurre después de la internación.
Adicciones y consumo problemático, otro eje de la reforma
El proyecto también busca modificar el abordaje de las adicciones a las drogas, incorporándolas expresamente dentro del campo de la salud mental.
La discusión incluye además un artículo específico para el consumo problemático de sustancias en menores de edad. En esos casos, se plantea que la atención quede a cargo de equipos con formación especializada en población infanto-juvenil.
El tema tiene una particular relevancia para provincias como Neuquén, donde el sistema público ya cuenta con dispositivos específicos para abordar consumos problemáticos.
En noviembre de 2025, por ejemplo, profesionales del Hospital Castro Rendón explicaron a Mejor Informado que el sistema neuquino combina internaciones con tratamientos comunitarios y dispositivos ambulatorios, y remarcaron que la internación no constituye la única herramienta para abordar las adicciones.
La reforma no elimina la prohibición de los manicomios
Otro de los puntos que se negocian es mantener la prohibición de crear manicomios y de establecer internaciones crónicas por problemáticas de salud mental.
De esta manera, uno de los debates centrales no pasa solamente por ampliar las posibilidades de internación, sino por determinar bajo qué condiciones puede utilizarse y cómo se garantiza posteriormente la continuidad del tratamiento.
También se analiza eliminar del proyecto los artículos vinculados con la Ley 26.827, relacionada con el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
¿Por qué la reforma genera debate?
La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 estableció un cambio de paradigma respecto del tratamiento de las personas con padecimientos mentales y restringió las internaciones involuntarias a situaciones excepcionales.
El proyecto del Gobierno propone modificar ese esquema y reemplazar el criterio de "riesgo cierto e inminente" por una definición de "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física". El oficialismo sostiene que la redacción actual puede generar dudas o demoras para intervenir ante situaciones críticas.
La discusión, sin embargo, excede al Congreso. También involucra a médicos, psiquiatras, psicólogos, familiares, organizaciones de derechos humanos y responsables de los sistemas de salud provinciales.
En Neuquén, el debate ya tuvo expresiones políticas durante 2026. Legisladores provinciales cuestionaron una eventual modificación de la normativa nacional, mientras que distintos casos vinculados con internaciones y salud mental volvieron a poner el funcionamiento del sistema bajo discusión pública.
El desafío será encontrar un punto de equilibrio
El debate que intenta encauzar Bullrich tiene dos dimensiones que deberán convivir en el texto final: la capacidad de intervenir rápidamente frente a situaciones graves y las garantías de las personas sometidas a una internación involuntaria.
Para las provincias, además, cualquier cambio legislativo tendrá consecuencias concretas sobre hospitales generales, dispositivos de salud mental, equipos interdisciplinarios, tratamientos por consumo problemático y mecanismos de articulación con la Justicia.
Ese impacto territorial explica por qué el oficialismo decidió consultar a los ministros provinciales antes de intentar cerrar un nuevo texto.
Qué puede pasar ahora
La ronda de reuniones continuará este martes con los ministros de Salud de las provincias que todavía no participaron de las consultas. Por la mañana serán convocadas Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones; por la tarde será el turno de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
El resultado de esas conversaciones podría servir para definir qué modificaciones incorpora el oficialismo al proyecto antes de intentar avanzar nuevamente en el Senado.
Por ahora, la reforma de la Ley de Salud Mental continúa sin acuerdo político definitivo. La negociación con las provincias y con los bloques dialoguistas será determinante para saber si el proyecto logra salir del estancamiento parlamentario.
