El Gobierno enfrenta dificultades para avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza (LLA) no logró cerrar un acuerdo con los bloques dialoguistas y la firma del dictamen de mayoría se postergaría hasta noviembre.
El oficialismo mantuvo conversaciones con representantes de la UCR, el PRO y Argentina Federal, pero las negociaciones todavía no permitieron resolver las diferencias sobre varios puntos centrales del proyecto. Entre los principales reclamos aparecen cambios impositivos, garantías para la continuidad de obras públicas, fondos para las universidades nacionales y la actualización de prestaciones sociales.
La firma del dictamen podría trasladarse al 11 o 17 de noviembre, mientras que las fechas que se analizan para llevar el proyecto al recinto son el 18 o el 25 del mismo mes. Esta última alternativa tendría una consecuencia adicional: el Gobierno debería convocar a sesiones extraordinarias para completar el tratamiento del Presupuesto.
Qué cambios reclaman los bloques aliados
Los bloques que negocian con el oficialismo presentaron una serie de condiciones para acompañar el proyecto. Entre ellas aparece una reducción del impuesto a los combustibles y la baja del IVA para los huevos y sus derivados, que actualmente tributan el 21% y pasarían al 10,5%.
También reclaman establecer un mecanismo que garantice plazos y tarifas para las obras en rutas nacionales y mantener el sistema de actualización de las asignaciones sociales. El PRO, además, volvió a plantear la discusión por los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el oficialismo consideran que ese punto podría resolverse mediante una negociación entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Discapacidad y universidades, otros puntos de discusión
Uno de los avances de las conversaciones se produjo en materia de discapacidad. El oficialismo y sus aliados acordaron eliminar cuatro artículos del proyecto presupuestario vinculados con el área y analizarán la posibilidad de reforzar las partidas para cumplir con la iniciativa que ya recibió aprobación de Diputados y permanece pendiente de tratamiento en el Senado.
Distinta es la situación del financiamiento universitario, donde todavía existe una diferencia considerable. El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores reclaman elevar esa cifra hasta los $11 billones.
La diferencia de $3,7 billones mantiene el tema entre los principales puntos pendientes de la negociación.
Los votos que necesita el Gobierno
La Libertad Avanza cuenta actualmente con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores presentes para conseguir quórum y habilitar el tratamiento. La estrategia oficialista consiste en sumar respaldos de distintos bloques.
La UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires podrían aportar en conjunto 22 votos. A ellos se agregarían los nueve integrantes de Argentina Federal, dos legisladores de Producción y Trabajo y alrededor de diez representantes de Provincias Unidas.
Si todos esos respaldos se concretaran, el Gobierno podría construir una base cercana a 138 diputados entre propios y aliados. Sin embargo, esos votos todavía dependen de las negociaciones sobre los cambios que los bloques dialoguistas exigen incorporar al proyecto.
Inflación del 21,3% y dólar a $1.847
El Presupuesto también establece las principales proyecciones económicas del Gobierno para 2027. El Ejecutivo estima una inflación anual del 21,3% y proyecta un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio de $1.728 durante el año. Los gastos consolidados previstos ascienden a $216 billones, mientras que los recursos se estiman en $219,3 billones.
El proyecto contempla además un crecimiento del consumo privado del 3,4% y una expansión del consumo público del 0,6%. Dentro de la estructura presupuestaria, el gasto destinado a servicios sociales ascendería a aproximadamente $150,9 billones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían unos $18,6 billones.
Qué pasará con jubilaciones y el bono de $70.000
Para las prestaciones previsionales, el proyecto contempla recursos por $102 billones. De ese monto, unos $3,9 billones estarán destinados al pago de bonos. La previsión incluida en el Presupuesto mantiene durante 2027 el actual bono de $70.000 para jubilados, sin una actualización nominal prevista.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los restantes $98,1 billones corresponderán al pago regular de haberes y representarían un incremento real interanual del 5,7% frente al cierre proyectado para 2026.
La cantidad de jubilados, pensionados y retirados, en tanto, pasaría de 9,20 millones durante 2026 a 9,12 millones en 2027, una reducción estimada de aproximadamente 79.000 beneficiarios. El gasto en asignaciones familiares alcanzaría los $14,4 billones, mientras que otros programas sociales recibirían transferencias por $9,1 billones.
Con estas cifras sobre la mesa, el oficialismo deberá seguir negociando durante las próximas semanas. Obras públicas, impuestos, universidades y prestaciones sociales aparecen como los principales obstáculos para conseguir los votos que permitan destrabar el Presupuesto 2027 en Diputados.