El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística y estableció que los futuros concesionarios deberán realizar obras por al menos US$800 millones para recuperar y mejorar la infraestructura ferroviaria. El esquema contempla concesiones por 50 años y permitirá que distintas empresas puedan utilizar las mismas vías para transportar cargas.
La licitación fue autorizada mediante la Resolución 1350/2026, publicada en el Boletín Oficial, y comprende las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Además de las vías, el proceso incluye los terrenos aledaños, talleres ferroviarios, material rodante e inmuebles vinculados con la operación.
El Gobierno busca separar la empresa en distintas unidades de negocio y modificar el esquema actual de explotación ferroviaria. La concesión de la infraestructura será independiente de la operación de los trenes, por lo que diferentes compañías podrán competir por el transporte de cargas utilizando una misma red ferroviaria.
Uno de los puntos centrales del nuevo esquema son las obras obligatorias por unos US$800 millones, que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años desde la toma de posesión de los concesionarios. Los trabajos estarán destinados a recuperar sectores de las tres líneas incluidas en la licitación.
Además de esas inversiones obligatorias, las empresas podrán presentar proyectos adicionales de infraestructura. Esas obras no serán exigidas por el pliego, pero otorgarán puntaje durante la evaluación de las ofertas y podrían mejorar la posición de los participantes frente a sus competidores.
La posibilidad de sumar inversiones adicionales apunta a que cada compañía pueda definir los sectores donde considera más conveniente invertir para captar carga. De esta manera, el Gobierno pretende incentivar el crecimiento del transporte ferroviario y mejorar el aprovechamiento de la infraestructura disponible.
El nuevo sistema también establece una modalidad de competencia por peajes. Los distintos operadores podrán utilizar las vías mediante el pago de un canon y deberán presentar un valor máximo para ese uso. La propuesta que ofrezca una tarifa más conveniente obtendrá una mejor valoración en el proceso de selección.
En paralelo, el Gobierno prevé vender el material rodante de las tres líneas, cuyo valor fue estimado en alrededor de US$500 millones. Allí se incluyen locomotoras y vagones que actualmente forman parte del patrimonio de Belgrano Cargas.
El dinero obtenido por esa venta será colocado en un fideicomiso destinado a financiar parcialmente las obras obligatorias. El mecanismo contempla que el concesionario consiga inicialmente el financiamiento necesario para ejecutar los trabajos y que, a medida que avance y complete las obras, pueda recibir los desembolsos correspondientes del fondo.
Los interesados también podrán solicitar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, la incorporación no será automática: las empresas deberán manifestar su intención al momento de presentar la oferta y la viabilidad de los proyectos será evaluada posteriormente por los organismos correspondientes.
El pliego establece además una restricción para empresas estatales o controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros, sus organismos o sociedades de titularidad estatal. La cláusula impide que ese tipo de compañías participe como oferente en el proceso de privatización.
El Gobierno considera que uno de los principales problemas del sistema ferroviario argentino es la baja densidad de carga, es decir, la cantidad de toneladas transportadas en relación con la extensión de vías que deben mantenerse. Según la explicación oficial, los costos de infraestructura resultan difíciles de sostener cuando circulan pocos trenes con un volumen reducido de mercadería.
Actualmente, menos del 5% de la carga del país se transporta por ferrocarril, mientras que la meta planteada a largo plazo es elevar esa participación hasta entre el 20% y el 25%. Además, alrededor del 80% de la carga que actualmente se mueve por tren corresponde a cereales.
El proceso contempla la concesión de las vías por medio siglo, mientras que la venta del material rodante y el alquiler de los talleres forman parte de operaciones diferenciadas. La expectativa oficial es que la transferencia de la operación al sector privado pueda concretarse durante 2027.
De esta manera, el Gobierno avanza con un esquema que combina concesiones ferroviarias de largo plazo, inversiones obligatorias, competencia por el uso de las vías y participación de distintos operadores, con el objetivo de recuperar la infraestructura y aumentar el volumen de cargas transportadas por tren.
