La Procuración General de la Nación pidió a la Corte Suprema que intervenga en la causa en la que Cristina Kirchner reclama la restitución de la pensión por viudez de Néstor Kirchner, suspendida luego de que quedara firme su condena en la causa Vialidad.
El dictamen fue firmado por el procurador general Eduardo Casal, quien sostuvo que la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que había ordenado restablecer el pago del beneficio, desconoce los efectos de la condena penal que pesa sobre la expresidenta.
Para Casal, la sentencia por corrupción, que incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, también implica la inhabilitación absoluta prevista en el artículo 19 del Código Penal, lo que alcanza a beneficios como jubilaciones, pensiones o retiros otorgados por el Estado.
En ese sentido, el procurador respaldó el recurso presentado por el fiscal general de la Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, para que el máximo tribunal deje sin efecto la medida cautelar que permitió restituir la pensión.
Casal consideró que mantener el beneficio resulta jurídicamente incompatible con una condena firme por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública y advirtió que la resolución de la Cámara generó un conflicto institucional al avanzar sobre cuestiones que corresponden al juez de ejecución penal.
Además, sostuvo que permitir que Cristina Kirchner continúe percibiendo la asignación mensual vitalicia como causahabiente de Néstor Kirchner afecta el principio de cosa juzgada, al desconocer las consecuencias previstas por la sentencia penal ya confirmada.
En noviembre de 2024, la ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, había dispuesto la baja tanto de la asignación vitalicia que Cristina Kirchner percibía como expresidenta como de la pensión por viudez, ambas contempladas en el régimen especial de la Ley 24.018.
Tras esa decisión administrativa, la exmandataria inició una demanda para solicitar la nulidad de la medida y pidió una cautelar que finalmente fue concedida por la Cámara Federal de la Seguridad Social, ordenando la restitución del beneficio mientras se resuelve el expediente.
Tanto la ANSES como el Ministerio Público Fiscal apelaron esa resolución y, luego de que el recurso extraordinario fuera rechazado, presentaron una queja ante la Corte Suprema, que ahora deberá resolver si mantiene vigente el beneficio o confirma su suspensión definitiva.
