Mientras , un proyecto para desarrollar una granja para la explotación industrial del salmón abrió un debate entre los isleños. Quienes residen en nuestras islas solicitaron que dicha actividad se decida mediante un referéndum dadas las posibles consecuencias nocivas para el medioambiente y ecosistema marino, como informó el periódico británico The Guardian.
La iniciativa es impulsada por Unity Marine, una sociedad integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. El proyecto contempla producir 50.000 toneladas de salmón al año en 16 sitios, lo que convertiría a la actividad en uno de los mayores desarrollos industriales costeros de la historia del archipiélago.
El planteo adquiere especial relevancia por la dimensión de la comunidad: unas 3.500 personas viven en las islas y las aguas que las rodean constituyen un ecosistema donde habitan distintas especies de mamíferos y aves marinas.
Cuánto dinero y empleo podría generar el proyecto
El desarrollo de la salmonicultura también tiene defensores que destacan su potencial económico. Una evaluación encargada por el gobierno isleño calculó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría generar unos 35 millones de libras (47,2 millones de dólares) por año y crear alrededor de 133 puestos de trabajo.
Para una comunidad pequeña, la llegada de una actividad industrial de esta magnitud podría significar nuevos empleos y un incremento de los ingresos vinculados a la economía local.
Sin embargo, los beneficios económicos proyectados conviven con las dudas planteadas por organizaciones ambientalistas y residentes.
Residentes de Malvinas y el referéndum
La organización Salmon Free Falklands ( SFF, en castellano equivaldría a Malvinas Libre de Salmón), creada por habitantes del archipiélago para rechazar el proyecto, reclama que la decisión final sea sometida a un referéndum.
Sus integrantes cuestionan la consulta pública que comenzó el pasado 7 de agosto y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. Según sostienen, perdieron confianza en ese mecanismo y consideran que una votación permitiría que los habitantes definan directamente si quieren o no avanzar con la salmonicultura industrial.
Sally Poncet, integrante de SFF, cuestionó además algunos de los informes utilizados durante el proceso porque, según afirmó, parte de la información fue proporcionada por Unity Marine y no puede ser verificada de manera independiente.
Uno de los principales interrogantes planteados está relacionado con los residuos generados por las granjas y su posible impacto sobre la fauna marina.
Las dudas sobre el impacto en el ecosistema del Atlántico Sur
Las aguas que rodean las Islas Malvinas albergan krill, calamares, lobos y elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos. La preocupación de los opositores se concentra en determinar si el ecosistema puede soportar una actividad industrial de semejante escala.
Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental de Tasmania y actual asesora de SFF, sostuvo que todavía no se habría establecido mediante un procedimiento científico riguroso cuál es la capacidad de carga del ecosistema.
También planteó interrogantes sobre qué ocurriría ante una eventual mortalidad masiva de peces y cómo podrían gestionarse esos residuos en un territorio remoto.
Qué dice el gobierno isleño sobre la salmonicultura
Desde el gobierno de las islas rechazaron que exista una posición tomada a favor del proyecto. La administración sostuvo que “ni defiende ni se opone a la salmonicultura” y explicó que los estudios incorporados a la consulta tienen como objetivo analizar distintos escenarios y aportar información al debate.
También aclaró que la documentación disponible no constituye una evaluación ambiental definitiva ni implica la autorización de un proyecto específico.
Entre los documentos incluidos figuran estudios ambientales, análisis socioeconómicos y regulatorios, además de una descripción de la iniciativa elaborada por Unity Marine.
Las preguntas que dejó una exposición sobre salmoneras en Canadá
El debate también llegó a reuniones públicas. Según informó el medio malvinense Penguin News, dos consultores canadienses convocados por Unity Marine expusieron recientemente sobre la experiencia de British Columbia, donde funciona la industria salmonera.
Los residentes plantearon preguntas relacionadas con contaminación, ruido y posibles efectos sobre mamíferos marinos, además de las diferencias entre los ecosistemas de Canadá y Malvinas. Los especialistas reconocieron que serían necesarios estudios específicos en las islas para determinar qué conclusiones obtenidas en British Columbia podrían aplicarse al archipiélago.
El antecedente judicial que volvió a poner el proyecto en discusión
La disputa también tiene un antecedente judicial. En 2022, el gobierno isleño ya había rechazado la salmonicultura. Unity Marine consiguió posteriormente una revisión judicial al sostener que antes de adoptar aquella decisión debía realizarse una consulta en todo el archipiélago.
Finalmente, ambas partes acordaron dejar sin efecto aquella resolución y establecer el proceso de consulta pública que actualmente está en desarrollo.
James Wallace, director gerente de la firma Fortuna, aseguró que Unity Marine todavía no solicitó una licencia para operar y defendió la necesidad de realizar una evaluación ambiental sólida antes de cualquier decisión.
Para los opositores, en cambio, el mecanismo actualmente en marcha no ofrece garantías suficientes y la decisión debería quedar en manos de los habitantes mediante un referéndum.
