El nombre de Martín Cormick volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y judicial. En los últimos días, el magistrado suspendió cautelarmente dos artículos de la reforma laboral y dispuso una multa diaria por el incumplimiento de una medida vinculada con el financiamiento universitario.
Cormick está al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 de la Capital Federal. Llegó al cargo en noviembre de 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández, luego de recibir el acuerdo del Senado.
Su designación quedó formalizada mediante el Decreto 866/2020.
El magistrado es abogado y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desarrolló también una trayectoria académica como docente de grado y posgrado. Además, es coautor de publicaciones especializadas en contratos administrativos y servicios públicos.
Antes de incorporarse a la Justicia federal también se desempeñó como defensor de primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
Su paso por la IGJ y el PAMI
Cormick ocupó diferentes cargos en la administración pública antes de convertirse en juez. En 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue designado al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de registrar y fiscalizar sociedades y entidades civiles.
Años después, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, se desempeñó en la Sindicatura General del PAMI, durante la gestión de Luana Volnovich.
Distintos medios también señalaron su cercanía con dirigentes de La Cámpora, un antecedente que volvió a ser mencionado desde sectores del Gobierno tras sus últimas resoluciones. Esa caracterización corresponde a señalamientos políticos y periodísticos y no modifica el procedimiento institucional mediante el cual fue designado juez.
El conflicto por el financiamiento universitario
Una de sus decisiones de mayor repercusión surgió en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras instituciones por la Ley de Financiamiento Universitario.
El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para suspender la ejecución de la norma después de que el Congreso rechazara el veto presidencial. Consideró que la promulgación condicionada había funcionado como una instancia de veto no contemplada por la Constitución.
El Gobierno apeló esa sentencia, por lo que sus efectos sobre el fondo de la causa quedaron suspendidos. Sin embargo, continuó vigente una medida cautelar anterior relacionada con la actualización de salarios y becas universitarias.
Esta semana, el magistrado impuso una multa inicial de $100.000 por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el incumplimiento de esa cautelar.
También intervino sobre la reforma laboral
Cormick volvió a quedar en el centro de la discusión tras una presentación del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal contra dos disposiciones de la reforma laboral.
El juez dispuso la suspensión cautelar de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, relacionados con la responsabilidad de los profesionales por los montos reclamados y el régimen de cobro de honorarios.
La medida tiene una vigencia de tres meses o hasta que se dicte una sentencia definitiva, lo que ocurra primero. No se trata de una declaración de inconstitucionalidad de esos artículos, sino de una suspensión provisoria mientras se analiza el planteo de fondo.
El antecedente del protocolo antipiquetes
El magistrado también intervino en la causa iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad.
En marzo de 2025 rechazó inicialmente un pedido para suspenderlo de manera cautelar y dispuso que su juzgado participara como observador durante una movilización de jubilados frente al Congreso.
En diciembre de ese año declaró nula la resolución que había establecido el protocolo, al considerar que el Poder Ejecutivo había avanzado sobre atribuciones legislativas. Sin embargo, esa decisión fue posteriormente revocada por la Cámara en marzo de 2026, por lo que el protocolo continuó vigente.
Las resoluciones sobre universidades y reforma laboral volvieron ahora a colocar a Cormick frente a decisiones centrales del Ejecutivo, mientras varias de esas discusiones todavía continúan abiertas en instancias judiciales superiores.
