El gobierno nacional modificó uno de los puntos centrales de la reforma laboral y eliminó el límite del 2% que regía para las contribuciones patronales extraordinarias destinadas a los sindicatos. La decisión quedó oficializada a través del decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Con esta modificación, los aportes extraordinarios volverán a ser definidos mediante la negociación entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias en el marco de los convenios colectivos de trabajo, sin el tope que había sido establecido durante la reglamentación de la reforma laboral.
La medida representa un cambio respecto del esquema aprobado meses atrás y es interpretada como un gesto hacia la Confederación General del Trabajo (CGT), ya que devuelve a los gremios una mayor capacidad para negociar una de sus principales fuentes de financiamiento con el sector empresario.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Además de eliminar el tope, la norma también modificó la base de cálculo de esas contribuciones.
A partir de ahora, los aportes deberán calcularse sobre el salario básico convencional de cada categoría junto con las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual previstas en los convenios colectivos. En cambio, quedaron excluidos conceptos como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional y sumas no remunerativas, entre otros pagos extraordinarios.
El decreto también establece restricciones sobre el destino de esos recursos. Los fondos solo podrán utilizarse para obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural destinadas a los trabajadores representados por cada sindicato. Además, deberán administrarse de manera separada del resto del patrimonio gremial, con el objetivo de facilitar su control y fiscalización.
Aunque el Ejecutivo presentó la medida como una adecuación técnica para precisar el alcance de la normativa vigente, el cambio implica un giro respecto de la reglamentación original de la reforma laboral. En aquella instancia, la CGT había reclamado flexibilizar las restricciones al financiamiento sindical, un planteo que finalmente fue incorporado mediante este nuevo decreto.
