El Gobierno nacional abrió una revisión del esquema tarifario de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) luego de reunirse este jueves con las cinco cámaras empresarias del sector, que vienen advirtiendo por la crisis financiera y la posibilidad de nuevos recortes en el servicio.
El encuentro se realizó en la Secretaría de Transporte y fue el primero desde la llegada de Mariano Plencovich como nuevo secretario del área. La reunión comenzó cerca de las 11 y se extendió hasta las 13.
Las empresas llegaron con un reclamo central: el fuerte impacto del aumento del gasoil, la demora en los pagos compensatorios y la dificultad para sostener las frecuencias actuales.
Tras la reunión, el Gobierno reconoció oficialmente que está en revisión el cuadro tarifario.
En un comunicado, explicó que se trabajará en herramientas para mejorar la prestación del servicio y también en la actualización de aspectos administrativos.
Además, confirmó que “se abordaron aspectos técnicos del esquema vigente, incluyendo la revisión de variables vinculadas al cuadro tarifario y a los mecanismos de compensación”, con el objetivo de ordenar criterios y fortalecer el sistema.
Desde el sector empresario señalaron que todavía no hay definiciones concretas, pero sí una mesa técnica prevista para la próxima semana.
El titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, explicó que la situación sigue siendo delicada.
“La frecuencia de colectivos va a ir mejorando, pero como va a entrar una gran parte de la deuda, va a mejorar. Para normalizar esta situación estamos lejos”, sostuvo tras el encuentro.
También remarcó que mientras ya hubo aumentos tarifarios en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Nación todavía no oficializó cambios para las líneas bajo su jurisdicción.
“Están evaluando todo”, resumió.
Las cámaras empresarias habían publicado días atrás un duro comunicado en el que se declararon en estado de emergencia y advirtieron que podrían profundizar la reducción de servicios si no había respuestas.
Según denunciaron, existe una deuda de aproximadamente $128.000 millones en concepto de compensaciones por el aumento del combustible y otros costos operativos.
Además, aseguraron que ya mantuvieron varias instancias de diálogo con el Estado, pero sin soluciones concretas.
En ese contexto, advirtieron que el sistema sigue funcionando con fuertes dificultades y que la normalización todavía está lejos.
