El bloque de La Libertad Avanza en el Senado consiguió este martes el dictamen en comisión para avanzar con el acuerdo alcanzado con los acreedores que litigaron contra la Argentina en tribunales de Nueva York por el default de 2001. El oficialismo ahora apunta a llevar el proyecto al recinto la próxima semana. La iniciativa contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas a bonistas que quedaron fuera de los distintos canjes de deuda realizados en los últimos años. Desde el Gobierno aseguraron que la adenda enviada al Senado “no modifica el monto total del acuerdo ni amplía obligaciones para el Estado”.
La explicación técnica estuvo a cargo del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, quienes defendieron el nuevo texto luego de que el expediente fuera retirado del recinto y reenviado a comisión la semana pasada. Amerio explicó que el primer dictamen fue descartado por un “error material” y sostuvo que se actualizó el listado de bonos incluidos porque el texto original contemplaba montos prescriptos y omitía otros títulos. Según precisó, la modificación “no altera el monto del acuerdo” y el total a pagar “sigue siendo de 171 millones de dólares”. Desde el oficialismo remarcaron además que el entendimiento establece una exoneración total para el Estado argentino y que el cálculo final se realizó únicamente sobre sentencias firmes emitidas por tribunales estadounidenses.
La reunión de comisión fue encabezada por Agustín Monteverde, titular de Presupuesto y Hacienda, y Martín Goerling Lara, presidente de Economía Nacional e Inversiones. Allí se ratificó el acuerdo alcanzado con los acreedores que mantuvieron litigios tras el default de 2001. En tanto, la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, adelantó que el objetivo es tratar el proyecto en el recinto durante la próxima semana. Mientras tanto, desde Unión por la Patria prepararon un dictamen en minoría, aunque en el oficialismo no descartan conseguir acompañamiento parcial de sectores opositores.
Durante el debate, los senadores justicialistas Jorge Capitanich y Fernando Salino plantearon cuestionamientos sobre el contenido del entendimiento y las condiciones del acuerdo.
El convenio fue alcanzado en tribunales de Nueva York ante la jueza Loretta Preska e involucra a los fondos Bainbridge Fund y el grupo de acreedores encabezado por Attestor, que mantenían fallos firmes contra la Argentina. El acuerdo prevé un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor. Además, establece la suspensión de litigios vinculados con los bonos incluidos y busca evitar nuevas acciones judiciales relacionadas con deuda pública emitida antes del 1 de enero de 2002.
