En medio del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema educativo, los rectores volvieron a reclamar la apertura de una instancia de diálogo institucional con el Ejecutivo. El pedido fue realizado mediante un comunicado conjunto firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
En el documento, las autoridades universitarias exigieron el “cumplimiento pleno” de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamaron la transferencia de los fondos pendientes para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio. Además, solicitaron la reapertura urgente de la mesa paritaria para discutir una recomposición salarial para docentes y personal no docente. “Reclamamos la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento integral de la ley”, señalaron las organizaciones universitarias.
También pidieron mecanismos “concretos y previsibles” para la ejecución de partidas destinadas a funcionamiento, infraestructura, ciencia, técnica y becas estudiantiles. Según indicaron, alrededor del 90% del gasto universitario corresponde al pago de salarios docentes y no docentes.
Otro de los puntos planteados en el comunicado fue la situación de los hospitales universitarios, donde denunciaron demoras en las transferencias previstas en el Presupuesto 2026. “El Gobierno no ha girado aún cuota alguna”, afirmaron los rectores sobre los fondos destinados a esos establecimientos sanitarios.
Días atrás, el Ejecutivo había propuesto transferir parte de los recursos contemplados en el proyecto oficial de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, la propuesta oficial contempla reconocer únicamente la pérdida salarial correspondiente a 2025 y no la acumulada desde 2023, uno de los principales reclamos del sistema universitario. A cambio, el Gobierno pretende que las universidades retiren la cautelar judicial presentada contra el Estado nacional, que actualmente espera resolución de la Corte Suprema. Esa presentación judicial exige el cumplimiento de los aumentos salariales y de becas establecidos en la Ley de Financiamiento de acuerdo con la evolución de la inflación.
Según estimaciones oficiales, un eventual fallo adverso para el Gobierno implicaría un desembolso cercano a los 2,5 billones de pesos.
