La causa dejó de ser un fallo y pasó a tocar bienes concretos
La causa Vialidad dio un paso que cambia todo: la condena ya no es solo un documento judicial. El Tribunal Oral Federal N.º 2 avanzó con la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los condenados.
La cifra que buscan recuperar es precisa: $684.990.350.139,86, monto que la Justicia determinó como perjuicio económico al Estado tras comprobar irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
El proceso se activó luego de que la condena quedara firme con la confirmación de la Cámara de Casación Penal. A partir de ahora, el foco está puesto en transformar esa sentencia en dinero recuperado.
Propiedades, terrenos y hoteles: qué empieza a quedar bajo la lupa
El listado inicial incluye cerca de veinte inmuebles, en su mayoría ubicados en Santa Cruz, especialmente en El Calafate y Río Gallegos.
Entre los activos aparecen terrenos de gran tamaño adquiridos en años clave del crecimiento patrimonial familiar. Uno de ellos supera los 6.000 metros cuadrados sobre la avenida 17 de Octubre. Otros lotes llegan a más de 87.000 metros cuadrados.
También entran en esta etapa bienes emblemáticos como el hotel Los Sauces Casa Patagónica, montado sobre varios terrenos, y el hotel Las Dunas, construido sobre uno de los predios adquiridos en ese mismo período.
La Justicia incluyó incluso operaciones como permutas de tierras con Lázaro Báez, consideradas parte del circuito económico investigado.
El entramado en Río Gallegos
En la capital santacruceña, el decomiso alcanza a departamentos y complejos habitacionales vinculados a la inmobiliaria familiar.
Entre ellos se destaca el edificio de Mitre 535, con once unidades, además de otras propiedades en zonas cercanas y sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner.
Para el tribunal, estos bienes forman parte de una estructura económica conectada con las empresas de Báez, otro de los condenados en la causa.
Las transferencias a los hijos no frenaron el avance
Uno de los puntos centrales del fallo es que la Justicia decidió incluir en el decomiso bienes que habían sido transferidos en 2016 a Máximo y Florencia Kirchner.
Se trata de 19 propiedades, participaciones societarias y activos financieros.
El tribunal fue claro al sostener que esas cesiones no modifican el origen de los fondos ni impiden que el Estado avance para recuperar lo que considera dinero público afectado.
Un decomiso que puede ampliarse
La ejecución no se limita a los bienes personales. También contempla la posibilidad de avanzar sobre empresas vinculadas a Lázaro Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, si los activos iniciales no alcanzan.
Todos los bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir cómo se administran y cuál será su destino final.
Un proceso que pone a prueba si el dinero vuelve
Por volumen, tipo de activos y alcance, el decomiso en la causa Vialidad se ubica entre los más grandes de la historia judicial argentina.
La clave ya no está en lo que dice la sentencia, sino en lo que efectivamente se logre recuperar. Esa diferencia —entre lo escrito y lo ejecutado— es la que empieza a definir esta nueva etapa.
