La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia para cubrir el monto de dinero fijado que debe devolver en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La medida de Casación Penal alcanza a 20 propiedades vinculadas a la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a más de 80 inmuebles del resto de los implicados, entre ellos el empresario, titular de Austral Construcciones y amigos de la familia Kirchner, Lázaro Báez.
La decisión, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz. El fallo se enmarca en una condena ya firme que incluye la pena de prisión domiciliaria que la exmandataria cumple en su departamento de la calle San José 1111, del barrio porteño de Constitución y el decomiso de activos para resarcir al Estado.
Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados, según reconstruye la Agencia Noticias Argentinas.
Los abogados de la expresidenta y sus hijos se quejaron de la disposición judicial, al argumentar que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016, y que incluso algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.
Qué pasara con los bienes una vez decomisados
Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. El Máximo Tribunal se encargará de su administración y eventual venta.
La causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner está cumpliendo de manera domiciliaria una condena de 6 años y tres meses de prisión, constató un esquema de corrupción con constantes contratos de obra pública en Santa Cruz a favor del Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes.
