El Ministerio Público Fiscal (MPF) impugnará la resolución de la jueza de garantías Natalia Pelosso que rechazó la apertura de la etapa de juicio para la mayoría de las personas imputadas en una causa por el presunto desvío de más de $1.200 millones de fondos públicos, entre 2022 y 2023, que involucró a dos exministros provinciales e integrantes de la cooperativa Viento Sur y organizaciones de la sociedad civil.
El anuncio lo hizo el fiscal jefe Pablo Vignaroli, luego de la resolución de la magistrada durante una audiencia de control de acusación en la Ciudad Judicial, en la que dispuso el sobreseimiento total y definitivo de los exministros de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia, Abel Di Luca y Germán Chapino. Ambos estaban imputados por el MPF por el delito de administración fraudulenta en calidad de coautores.
La decisión de sobreseimiento total y definitivo también comprendió a integrantes de la cooperativa Viento Sur y particulares de la sociedad civil, imputados como coautores del mismo delito, y otros acusados como partícipes necesarios en la misma figura penal. A estas cinco personas la jueza de garantías les otorgó una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP), una herramienta de resolución de los casos prevista para delitos con penas menores a tres años de prisión y para personas sin antecedentes penales. Fijó un plazo de un año y medio, con el cumplimiento de 8 horas de trabajo comunitario por mes y donaciones económicas de 2 y 3 millones de pesos, entre otras pautas.
De este modo, siete de las ocho personas a las que el MPF formuló cargos, fueron desvinculadas del caso por la magistrada: sólo una, Diego Mauro, imputado por el delito de administración fraudulenta en calidad de autor, irá a juicio ante un tribunal colegiado según la decisión de la jueza de garantías.
En este contexto, el fiscal jefe adelantó que presentará la impugnación en el transcurso de los próximos días –existe un plazo de diez días-, con el objetivo de que un Tribunal de Impugnación (T.I) revise y anule la decisión de Pelosso por arbitrariedad, para que de este modo el caso pueda ir a juicio ante un tribunal colegiado.
“Los fundamentos (de la jueza) son pobres, no son jurídicos y por eso apeló a expresiones como del tipo `bolsa de gatos`, que es irrespetuosa y demuestra la debilidad de sus argumentos”, planteó Vignaroli. Añadió que la audiencia de control de la acusación, “se desnaturalizó” y “se hizo un juicio por adelantado sin la prueba; porque la prueba se debe valorar en el juicio, no en esta etapa procesal”.
Esto último porque la magistrada planteó en la audiencia, entre otros aspectos, que la imputación “hace agua, se resquebraja" y calificó el planteo fiscal como una "gran bolsa de gatos".
De acuerdo con el encuadre del MPF, los exministros omitieron los deberes a su cargo al autorizar desembolsos mensuales del programa estatal sin verificar los controles previos obligatorios —tales como planes de acción, padrones verificables de beneficiarios y acreditación efectiva de capacitaciones— y de ignorar dictámenes desfavorables emitidos por la Contaduría General de la Provincia.
La teoría del caso
El equipo del MPF, integrado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, la fiscal Rocío Rivero y los asistentes letrados Facundo Bernat y Agustina Jara, impulsó el juzgamiento de las ocho personas.
Según la teoría del caso formulada por el MPF, que contó con la adhesión de la Fiscalía de Estado que fue el organismo que presentó la denuncia, la maniobra configuró el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con un perjuicio económico estimado a valor histórico en $1.208.657.600.
“Vamos a probar durante el juicio que ese dinero fue destinado al pago de sueldos a más de 1.000 personas, sin respaldo contractual ni vinculación alguna”, sostuvo el fiscal jefe Pablo Vignaroli al momento de presentar la acusación.
De acuerdo con el encuadre del MPF, los exministros omitieron los deberes a su cargo al autorizar desembolsos mensuales del programa estatal sin verificar los controles previos obligatorios —tales como planes de acción, padrones verificables de beneficiarios y acreditación efectiva de capacitaciones— y de ignorar dictámenes desfavorables emitidos por la Contaduría General de la Provincia.
A los integrantes de la cooperativa Viento Sur,se les reprochó haber solicitado, recibido y administrado los fondos con conocimiento de su destino específico, presentando rendiciones con comprobantes que no se correspondían con los movimientos bancarios, duplicación de gastos y omisiones deliberadas, con el fin de sostener la continuidad de los desembolsos.
A otras tres personas, se las acusó de recibir fondos sin contraprestación alguna, integrando el esquema de disposición patrimonial que permitió consumar el perjuicio.
