La causa Viento Sur tendrá una nueva instancia judicial. El fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó que apelará la resolución de la jueza de garantías Natalia Pelosso, quien este lunes 5 de octubre sobreseyó a los exministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino y redujo sustancialmente la acusación por el presunto desvío de más de $1.208 millones.
En una entrevista con La Primera Mañana por AM550, Vignaroli cuestionó con dureza los fundamentos de la resolución y sostuvo que la magistrada tomó decisiones a partir de elementos que, a su entender, no correspondía valorar durante la audiencia de control de acusación.
“La jueza toma la decisión sin conocer la prueba”, afirmó el fiscal, y explicó que, según su interpretación, la etapa procesal que se desarrolló el lunes no tenía como objetivo valorar el contenido de la prueba que será presentada durante un eventual juicio.
“La prueba, ¿cuándo se valora? En el juicio. En esta etapa lo que tendría que haber hecho la jueza es ver si esta prueba se obtuvo legal o ilegalmente, si esta prueba sirve para aprobar esta proposición fáctica”, sostuvo.
“Se desnaturalizó absolutamente todo”
Vignaroli cuestionó especialmente el desarrollo que tuvo la audiencia y aseguró que la Fiscalía había advertido durante el trámite que el debate estaba tomando un camino diferente al que correspondía. “Nosotros se lo advertimos a la jueza a lo largo de toda la audiencia de que no estaba yendo para el lado que tenía que ir esta audiencia”, afirmó.
Según explicó, la Fiscalía había preparado la audiencia con una estrategia vinculada con la admisibilidad de la acusación y la prueba, pero terminó enfrentando una discusión diferente. “Nosotros fuimos preparados para una cosa y terminamos siendo sorprendidos con otra”, señaló, y agregó: “Se desnaturalizó absolutamente todo. Nosotros fuimos preparando para una cosa y terminamos siendo sorprendidos con otra, o sea, valorando prueba, exhibiendo prueba otros defensores”.
Para el fiscal, esa situación es uno de los argumentos que serán planteados en la apelación. “Sinceramente no se hicieron las cosas bien y como durante la audiencia no se hicieron las cosas como corresponden, la decisión es algo que está mal. Y es lo que vamos a plantear”, afirmó.
La jueza de garantías Natalia Pelosso dictó este lunes el sobreseimiento de los exministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino en la causa Viento Sur y redujo de manera considerable el alcance de la acusación por el presunto desvío de $1.208 millones.
El cuestionamiento al Decreto 1672/22
Uno de los principales puntos de discusión fue el Decreto 1672/22, que estableció el mecanismo mediante el cual se canalizaron los fondos destinados al programa de capacitación.
La jueza Pelosso consideró que la decisión política de crear ese mecanismo correspondía al entonces gobernador Omar Gutiérrez y que no podía atribuirse automáticamente responsabilidad penal a los ministros que participaron posteriormente de su instrumentación.
Vignaroli rechazó ese razonamiento y explicó cómo, desde la mirada de la Fiscalía, se inició el proceso administrativo. “Si uno mira cómo se llega a la firma de ese decreto, ese decreto tiene su inicio en el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo a través de una nota de Di Luca, en la cual Di Luca dice que hay que crear un programa para capacitar a los integrantes de las organizaciones sociales”, explicó. Agregó: “Se crea un programa, se hace un documento que se aprueba y después ese documento es aprobado a través del decreto”.
El fiscal también hizo referencia a la normativa provincial y al mecanismo administrativo utilizado para establecer quién debía tomar la decisión. “Acá hay una cuestión que tiene que ver con la Ley 2141. Esto era un aporte en orden integrable. De acuerdo al monto del aporte en orden integrable, es el funcionario que tiene que tomar la decisión”, sostuvo.
Y explicó por qué, a su entender, la participación del gobernador y del ministro no podía analizarse de manera aislada: “Como acá estamos hablando de esa cantidad de dinero, obviamente el decreto tenía que firmar el gobernador y refrendarlo el ministro”.
“La jueza no vio ni un expediente”
Otro de los cuestionamientos de Vignaroli estuvo relacionado con los expedientes administrativos que dieron lugar a los pagos. El fiscal afirmó que entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 se tramitó un expediente administrativo por mes en el que se realizaron los pagos y sostuvo que la jueza no analizó esos documentos. “La jueza no vio ni un expediente”, afirmó durante la entrevista.
Ante la observación de que la magistrada no necesariamente debía analizar esos expedientes durante esa audiencia, Vignaroli respondió: “Pero como no tenía por qué verlo, no tenía por qué hacer las afirmaciones que hizo”.
En ese sentido, cuestionó también que la resolución se hubiera apoyado en los argumentos expuestos por las defensas sin que la Fiscalía pudiera desarrollar toda la prueba que había ofrecido. “Ella toma lo que dijeron los defensores”, afirmó, y agregó que la propia resolución señala que la Fiscalía tuvo la posibilidad de refutar esos argumentos.
Vignaroli explicó que la Fiscalía no respondió en profundidad algunos de los planteos porque hacerlo hubiera implicado, según su interpretación, adelantar el juicio. “¿Sabe por qué no lo hicimos? Porque nosotros para refutar ese argumento teníamos que haber sentado a los testigos que ofrecimos para aprobar la del caso, a los integrantes de la Contaduría General de la Provincia, a nuestros contadores y a una serie de testigos que aportamos con ese fin”, sostuvo.
También mencionó a integrantes del Ministerio de Desarrollo Social y otros testigos que, según explicó, deberán intervenir en las instancias correspondientes. “Teníamos que haber hecho el juicio en esta audiencia y no era el objetivo de esta audiencia”, afirmó.
Una apelación que llegará al Tribunal de Impugnación
Vignaroli confirmó que la Fiscalía tiene 10 días hábiles para presentar la impugnación y que luego deberá realizarse una nueva audiencia. “Si nosotros tenemos éxito, lo que vamos a pedir es que se haga una audiencia nueva, que empiece de cero el control de acusación”, explicó.
El fiscal se mostró convencido de que la resolución puede ser revertida en las próximas instancias. “Esto se va a revertir, o en un Tribunal de Impugnación o en el Tribunal Superior de Justicia porque se desnaturalizó absolutamente todo”, sostuvo.
También dejó claro que la Fiscalía no buscará convertir la disputa judicial en una confrontación personal con la magistrada. “Yo sinceramente no voy a entrar en descalificaciones personales hacia nadie porque no corresponde. Simplemente vamos a ir trabajando para revertir el fallo, nada más”, afirmó.
Vignaroli también respondió a los fuertes términos utilizados por la jueza en su resolución respecto de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado. La magistrada había cuestionado la consistencia de la acusación y señalado dificultades para individualizar las conductas atribuidas a los imputados.
El fiscal consideró que esos cuestionamientos no se sostienen en la evidencia que, según afirmó, todavía deberá ser analizada. “Los argumentos son tan pobres que si no los adornaba con estos adjetivos descalificativos no iban a tener efecto”, expresó.
Y marcó una diferencia entre la solidez de los argumentos jurídicos y las descalificaciones: “Cuando uno tiene argumentos sólidos para desbaratar otro argumento, no necesita caer en la agresión para desbaratarlos”.
Diego Mauro quedó como único acusado con llegada a juicio
La resolución de Pelosso dejó a Diego Mauro, referente de la cooperativa Viento Sur, como el único imputado en condiciones de llegar a juicio por la acusación que permanece vigente.
La causa había llegado a la audiencia con ocho personas imputadas y una hipótesis fiscal que sostenía que fondos públicos destinados a programas de capacitación habían sido utilizados para otros fines. El perjuicio calculado por la Fiscalía ascendía a $1.208.657.600 a valores históricos.
La jueza también dispuso sobreseimientos parciales sobre algunos movimientos atribuidos originalmente a Mauro y habilitó para otros imputados la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba.
Ahora, la Fiscalía tiene por delante la presentación de la impugnación y una nueva instancia de revisión. Para Vignaroli, el objetivo es claro: revertir una resolución que, según su interpretación, modificó el sentido de la audiencia de control de acusación y avanzó sobre una valoración de prueba que debería quedar reservada para el juicio.
“Nosotros sabemos cómo trabajamos, sabemos la solidez que tiene nuestra acusación y esto se va a revertir”, afirmó el fiscal jefe
