La causa conocida como Viento Sur tendrá el lunes 5 de octubre una de sus instancias más importantes. La jueza de garantías Natalia Pelosso deberá definir si los ocho acusados quedan en condiciones de enfrentar un juicio oral por la presunta administración fraudulenta de fondos públicos destinados a un programa de capacitación de organizaciones sociales.
El expediente tiene entre sus principales acusados a los exministros de Desarrollo Social de la gestión de Omar Gutiérrez, Abel Di Luca y Germán Chapino, además de seis integrantes de organizaciones vinculadas con la cooperativa Viento Sur.
La Fiscalía sostiene que los recursos entregados por la Provincia, que tenían como finalidad financiar capacitaciones, fueron utilizados para otros destinos y que los funcionarios involucrados conocían esa situación. Según la acusación, el perjuicio calculado asciende a $1.208.657.600 a valores históricos.
El lunes se conocerá una decisión clave
La audiencia de control de acusación transitó distintas jornadas en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde las partes presentaron sus posiciones sobre la acusación, los pedidos de sobreseimiento y la prueba que podría llegar a un eventual juicio. Ahora, Pelosso deberá resolver si existen elementos suficientes para que el expediente avance a la instancia de debate oral y público.
En caso de habilitar el juicio, también deberá establecerse qué pruebas serán admitidas y cómo quedará conformado el tribunal que tendrá a su cargo el debate. La Fiscalía solicitó que intervenga un tribunal colegiado integrado por tres jueces, debido a las penas que anticipó que solicitará.
La resolución no implica una declaración de culpabilidad sobre los acusados. Se trata de determinar si la acusación cuenta con sustento suficiente para ser discutida en un juicio.
Qué sostiene la acusación
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado en 2024. Luego, la Fiscalía de Delitos Económicos avanzó sobre el funcionamiento de un programa creado para financiar acciones de capacitación destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y favorecer su inserción laboral. En marzo de 2026, el Poder Judicial informó que Di Luca y Chapino quedaron formalmente acusados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
De acuerdo con la teoría fiscal, durante el período investigado se transfirieron más de $1.208 millones a la cooperativa Viento Sur. La acusación sostiene que parte de esos recursos habría terminado destinada al pago de personas y a la adquisición de bienes, entre ellos vehículos y terrenos, en lugar de cumplir con el objetivo previsto por el programa.
La responsabilidad atribuida a los dos exministros se relaciona con los períodos en los que estuvieron al frente de la cartera de Desarrollo Social: Di Luca entre julio y octubre de 2022 y Chapino desde noviembre de ese año hasta diciembre de 2023.
La defensa cuestiona que haya existido un delito
Del otro lado, los abogados de los acusados rechazaron la hipótesis de la Fiscalía y plantearon que los recursos podían utilizarse dentro de un esquema que contemplaba asistencia y capacitación.
Las defensas también cuestionaron que exista una maniobra fraudulenta y solicitaron el sobreseimiento de sus representados. En el caso de los exministros, plantearon además que, si el expediente llega a juicio, se modifique la calificación legal hacia una figura vinculada con el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los abogados de los integrantes de las organizaciones también sostuvieron que la cooperativa había sido creada antes de la implementación del decreto que dio origen al programa y rechazaron que haya sido conformada con el objetivo de llevar adelante una defraudación.
Una causa con una extensa lista de testigos
Si Pelosso habilita el juicio, el debate podría incorporar una importante cantidad de testimonios. Las defensas solicitaron, entre otros, la declaración del exjefe de Gabinete Sebastián González, del exministro de Economía Guillermo Pons y de funcionarios y responsables técnicos, administrativos y contables que participaron de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social durante el período investigado.
También fueron propuestos funcionarios judiciales que participaron de las instancias de mediación durante los conflictos sociales y cortes de calles que precedieron a la implementación del programa.
Entre los acusados también aparecen referentes de organizaciones sociales, entre ellos Federico Sánchez, exconcejal de Neuquén, y Gabriela Suppicich, exdiputada provincial del FIT.
El origen del programa que quedó bajo investigación
El programa que está en el centro del expediente fue creado durante el gobierno de Omar Gutiérrez mediante el Decreto 1672/2022. La investigación judicial busca determinar si los fondos que debían ser destinados a acciones de capacitación fueron utilizados de acuerdo con los objetivos establecidos o si existió un desvío de recursos públicos.
El Poder Judicial había informado que la causa se inició con seis referentes de organizaciones sociales como imputados y que posteriormente, en marzo de 2026, fueron incorporados Di Luca y Chapino.
La audiencia de control de acusación es, por lo tanto, el paso previo a una eventual etapa de juicio. La decisión que adopte Pelosso este lunes marcará si la causa Viento Sur ingresa en esa instancia o si alguno de los pedidos de las defensas modifica el rumbo del expediente.
