La causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos hacia la cooperativa Viento Sur atraviesa ahora una etapa decisiva. Este jueves 3 de septiembre, el Ministerio Público Fiscal solicitó la realización de una audiencia de control de acusación, el paso previo a la apertura de un juicio.
Pero para entender cómo una investigación que inicialmente puso la lupa sobre organizaciones sociales terminó alcanzando a exfuncionarios provinciales y a ocho personas imputadas, hay que retroceder varios años.
Mejor Informado reconstruye el recorrido de la causa desde su origen, los primeros allanamientos y las distintas hipótesis que fueron delimitándose con el avance de la investigación.
El programa que puso a Viento Sur bajo la lupa
El origen de la investigación está relacionado con un programa creado en 2022 por el entonces Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén. Mediante el Decreto 1672/2022, firmado el 18 de agosto de ese año, se creó el denominado “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”.
El objetivo formal era otorgar aportes no reintegrables para que integrantes de organizaciones sociales pudieran acceder a capacitaciones y herramientas destinadas a facilitar su inserción laboral y en la economía social. El programa contemplaba desembolsos mensuales y exigía una serie de controles antes de liberar los fondos. Entre ellos figuraban la verificación de la situación institucional de las organizaciones, la certificación de sus autoridades, la presentación de un plan de acción, un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de las capacitaciones realizadas.
La investigación fiscal sostiene que esos controles no se cumplieron de manera adecuada. Y hay un dato que adquirió especial relevancia con el avance del expediente: los desembolsos a Viento Sur comenzaron el 18 de julio de 2022, un mes antes de la creación formal del programa mediante el decreto, y continuaron hasta diciembre de 2023.
Hay un dato que adquirió especial relevancia con el avance del expediente: los desembolsos a Viento Sur comenzaron el 18 de julio de 2022, un mes antes de la creación formal del programa mediante el decreto, y continuaron hasta diciembre de 2023.
La cooperativa Viento Sur quedó bajo la lupa de la Fiscalía por el manejo de fondos recibidos a través de un programa provincial.
Los primeros interrogantes
La Fiscalía comenzó a reconstruir qué había ocurrido con los recursos entregados por el Estado provincial y cuál había sido el destino real del dinero. El caso no surgió inicialmente como una investigación exclusivamente concentrada en Viento Sur.
Durante 2024, el Ministerio Público Fiscal llevaba adelante distintas líneas relacionadas con el manejo de recursos públicos destinados a organizaciones sociales. En ese contexto aparecieron bajo análisis fondos, alimentos destinados a comedores y el funcionamiento de distintas organizaciones, entre ellas Libres del Sur o Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la cooperativa Viento Sur.
También se investigaba si existían descuentos sobre los planes sociales que recibían beneficiarios. Fue ese contexto el que desembocó en una serie de procedimientos que terminarían convirtiéndose en una de las imágenes más fuertes del comienzo de la investigación.
Allanamientos simultáneos y seguimiento del dinero
El 12 de julio de 2024, la Policía de Neuquén realizó 14 allanamientos simultáneos. Los procedimientos fueron ordenados en distintos domicilios y sedes de organizaciones sociales y tuvieron como objetivo obtener documentación y evidencia relacionada con recursos entregados por el Estado provincial.
La investigación estaba encabezada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso de Delitos Económicos Juan Manuel Narváez. Los allanamientos alcanzaron sedes de organizaciones sociales, la cooperativa Viento Sur y domicilios particulares en Neuquén capital. En aquel momento, los investigadores buscaban determinar, entre otras cuestiones, qué había ocurrido con los recursos estatales.
Una de las hipótesis estaba vinculada con alimentos enviados para comedores: se intentaba establecer si efectivamente habían llegado a los lugares para los que habían sido destinados. Otra línea buscaba determinar si las organizaciones retenían porcentajes de los planes sociales asignados a sus beneficiarios. Viento Sur apareció así dentro de una investigación mucho más amplia. Pero con el avance de las pesquisas, el expediente comenzó a adquirir una identidad propia.
Para los investigadores, una de las claves estaba en reconstruir el circuito del dinero. No se trataba solamente de establecer cuánto había recibido la cooperativa, sino qué había hecho con esos recursos y si el destino coincidía con aquel para el que el Estado había autorizado los desembolsos.
La Fiscalía comenzó a analizar documentación contable, movimientos bancarios y registros vinculados con la actividad de la cooperativa. La investigación terminaría concluyendo que una parte sustancial de los recursos había sido utilizada de una manera diferente a la prevista en el programa.
La investigación estaba encabezada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso de Delitos Económicos Juan Manuel Narváez. Los allanamientos alcanzaron sedes de organizaciones sociales, la cooperativa Viento Sur y domicilios particulares en Neuquén capital. En aquel momento, los investigadores buscaban determinar, entre otras cuestiones, qué había ocurrido con los recursos estatales.
La investigación vuelve a los domicilios
La causa tuvo un nuevo capítulo en noviembre de 2024, cuando se realizaron nuevos procedimientos vinculados con la investigación. A esa altura, la pesquisa estaba cada vez más enfocada en determinar el destino de los fondos que habían sido entregados a Viento Sur.
El análisis ya no estaba limitado a la actividad pública de las organizaciones sociales: los investigadores buscaban reconstruir el circuito financiero y administrativo de los recursos. La documentación obtenida durante los procedimientos pasó a formar parte del análisis de la Fiscalía de Delitos Económicos. Fue precisamente ese trabajo sobre los movimientos del dinero el que permitió que, meses después, la investigación diera un salto.
Seis integrantes de Viento Sur, imputados
El 8 de abril de 2025, la Fiscalía formuló cargos contra seis integrantes de la cooperativa. La acusación sostuvo que los fondos habían sido entregados para financiar capacitaciones laborales, pero que terminaron siendo destinados a otros fines.
En ese momento, el perjuicio calculado por la Fiscalía era de $1.341.400.640. Posteriormente, el monto fue corregido y quedó establecido en $1.208.657.600 a valores históricos, al excluirse un período que finalmente no formó parte del hecho investigado.
La investigación fiscal reconstruyó distintos destinos que habría tenido el dinero. Según la acusación, $1.093.164.103,42 fueron destinados al pago de sueldos mediante 10.220 transferencias. Otros $180.202.949 correspondieron a pagos a proveedores y servicios.
Además, se detectaron $179.027.945 colocados en plazos fijos, que generaron aproximadamente $40,3 millones en intereses. Finalmente, la Fiscalía identificó $23.160.756 destinados a la compra de bienes e inmuebles, entre ellos terrenos y vehículos.
Para el Ministerio Público Fiscal, esos movimientos demostraban que los fondos no habían sido utilizados de acuerdo con el destino específico establecido por el programa.
Se detectaron $179.027.945 colocados en plazos fijos, que generaron aproximadamente $40,3 millones en intereses. Finalmente, la Fiscalía identificó $23.160.756 destinados a la compra de bienes e inmuebles, entre ellos terrenos y vehículos. Para el Ministerio Público Fiscal, esos movimientos demostraban que los fondos no habían sido utilizados de acuerdo con el destino específico establecido por el programa.
La defensa rechazó la acusación
Los imputados rechazaron la interpretación de la Fiscalía. Desde la cooperativa sostuvieron que los recursos habían sido utilizados para trabajadores, capacitaciones y herramientas necesarias para desarrollar las actividades.
Diego Mauro, referente y vocero del Frente de Organizaciones en Lucha de Neuquén (DOL), y uno de los integrantes señalados por la Fiscalía, afirmó públicamente que “nunca nos pidieron rendiciones” y cuestionó la interpretación realizada sobre el destino del dinero.
De esta manera, la causa comenzó a plantear una cuestión central que todavía deberá resolver la Justicia: si los fondos públicos fueron efectivamente desviados de su finalidad y quiénes fueron responsables de que eso ocurriera. Pero la investigación todavía tenía un capítulo más. Porque si los controles eran obligatorios, los fiscales comenzaron a preguntarse quiénes debían hacerlos.
Esa pregunta llevaría directamente hacia el interior del propio Estado provincial.
Segunda parte (Viernes 4 de septiembre): Los funcionarios bajo la lupa, la incorporación de los exministros, la ruta de los $1.200 millones y el pedido de la Fiscalía para llevar a ocho imputados a juicio.
