La Justicia neuquina prorrogó por otros seis meses las medidas cautelares patrimoniales dispuestas en la investigación por el presunto desvío de fondos públicos vinculado a la cooperativa Viento Sur. La decisión fue tomada este lunes durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, luego de que la fiscal del caso, Rocío Rivero, solicitara extender los embargos junto con la querella.
El expediente investiga una presunta maniobra de administración fraudulenta que, según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), habría provocado un perjuicio al Estado provincial estimado en $1.208.657.600, calculado a valores históricos.
La investigación tiene a ocho personas imputadas, entre ellas los exministros provinciales Abel Di Luca y Germán Chapino. La fiscalía ya formalizó la acusación y solicitó la apertura de la etapa de juicio, por lo que durante la audiencia de este lunes sostuvo que los riesgos procesales que habían fundamentado las medidas cautelares se encuentran actualmente más consolidados.
Qué bienes seguirán embargados
El juez de garantías Lucas Yancarelli, a cargo de la audiencia, hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso extender durante seis meses los embargos sobre tres inmuebles pertenecientes a la cooperativa Viento Sur, cuatro automotores y un plazo fijo constituido con fondos de las cuentas de la entidad.
En el caso de los vehículos, las defensas solicitaron precisiones acerca de su utilización. La fiscal Rivero explicó que los automotores continúan alcanzados por el embargo, aunque se dejó sin efecto su secuestro físico.
De esta manera, los vehículos podrán seguir siendo utilizados por la cooperativa para el traslado de alimentos destinados a comedores y para otras tareas de carácter comunitario, sin que ello implique levantar la medida cautelar sobre los bienes.
Las defensas de los imputados no se opusieron a la prórroga solicitada por la fiscalía, aunque plantearon las aclaraciones vinculadas con los automotores.
Una investigación que ya llegó a la acusación
La causa se originó a partir de una investigación sobre fondos que el Estado provincial destinaba a un programa de capacitaciones laborales para integrantes de organizaciones sociales.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por el MPF y a la que adhirió la querella, el dinero habría sido utilizado para fines diferentes a los establecidos por el programa. Entre las operaciones cuestionadas aparecen, según la acusación, la adquisición de bienes inmuebles y automotores y distintas transferencias hacia cuentas particulares de personas imputadas.
El programa establecía una serie de controles previos antes de que se concretara cada desembolso. Entre ellos figuraban la verificación de la situación institucional de las organizaciones, la certificación de sus autoridades, la presentación de un plan de acción, la confección de un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de las capacitaciones efectivamente realizadas.
La fiscalía sostiene que esos controles no fueron cumplidos de manera adecuada y que, pese a la existencia de dictámenes desfavorables de la Contaduría General de la Provincia, los pagos a la cooperativa continuaron.
Qué les atribuye la fiscalía a los exministros
Según la acusación, Abel Di Luca y Germán Chapino, en su carácter de exministros provinciales, habrían autorizado pagos mensuales a la cooperativa Viento Sur sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a los fondos.
El MPF les atribuye haber aceptado rendiciones que, de acuerdo con la investigación, presentaban inconsistencias, estaban incompletas o directamente no existían.
La imputación alcanza a ambos en calidad de coautores del delito de administración fraudulenta, al igual que a otras tres personas identificadas en el expediente como D.M., S.E.B. y L.L.V.
El rol atribuido a los integrantes de Viento Sur
A D.M., S.E.B. y L.L.V., vinculados a la cooperativa Viento Sur, la fiscalía les reprocha haber solicitado, recibido y administrado fondos públicos cuyo destino específico conocían.
Siempre según la acusación, para justificar los desembolsos se habrían presentado rendiciones con comprobantes que no se correspondían con los movimientos bancarios, además de gastos duplicados y otras omisiones que, para el MPF, permitieron sostener la continuidad de los pagos.
Las tres personas están acusadas como coautoras de administración fraudulenta.
En tanto, B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S. fueron acusadas como partícipes necesarios. Para la fiscalía, habrían recibido fondos sin una contraprestación efectiva y formado parte del esquema que permitió la disposición del dinero y la concreción del perjuicio económico investigado.
El expediente se encamina al juicio
Uno de los elementos centrales de la audiencia fue que la investigación ya atravesó una instancia clave: la fiscalía formalizó la acusación contra los ocho imputados y pidió la apertura de la etapa de juicio.
Por ese motivo, Rivero argumentó que corresponde mantener las medidas destinadas a preservar los bienes que eventualmente podrían quedar alcanzados por una reparación económica si la hipótesis acusatoria fuera confirmada en las instancias judiciales correspondientes.
La resolución de Yancarelli mantiene así bajo embargo parte del patrimonio relacionado con la cooperativa durante otros seis meses, mientras el expediente continúa avanzando hacia las próximas etapas procesales.
La causa todavía debe atravesar las instancias judiciales correspondientes y las personas imputadas mantienen su derecho de defensa y la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme
