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Sigue la purga en el Estado neuquino: echaron a un penitenciario por golpear a su pareja

El decreto fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa y recae sobre un oficial del sistema penitenciario en el marco de una causa de violencia de género contra su pareja. De quién se trata.

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El Gobierno neuquino echó a un trabajador penitenciario acusado de golpear a su pareja.

En el marco de su política de tolerancia cero contra los ñoquis y los delincuentes en la Administración Pública, el Gobierno de Neuquén echó a un oficial del sistema penitenciario por una agresión contra su pareja. El decreto fue firmado por el propio gobernador Rolando Figueroa y la persona en cuestión fue cesanteada de su cargo.

Se trata de Luis Navarrete Morales, oficial ayudante del Servicio Penitenciario, quien fue exonerado de su cargo en una causa por violencia de género contra una mujer de su entorno.

Según la reconstrucción de la Justicia, el hecho se dio el 19 de mayo de 2024, momento en el cual la Comisaría del Menor y la Mujer de Zapala intervinieron por caso de presuntas agresiones del hombre contra su pareja, con quien convivía.

El episodio motivó la intervención de la Oficina de Violencia de Zapala y de la Unidad Fiscal de esa localidad, como parte de una investigación por presuntas lesiones en contexto de violencia de género. En aquella oportunidad, se dispuso el alojamiento del agente en la Comisaría 34 de Mariano Moreno.

Posteriormente, y una vez cumplidas las instancias previstas en el debido proceso disciplinario, el Tribunal Disciplinario Policial emitió el fallo número 53/25 “TDP”, el 4 de septiembre de 2025. En esa resolución solicitó a la Jefatura de Policía la aplicación de la sanción expulsiva de exoneración.

"La exoneración constituye una medida de carácter expulsivo y se adopta como parte de los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos y erradicación de la violencia de género", se indicó desde el Ejecutivo.

De esta manera, el Ejecutivo de Rolando Figueroa continúa firme en su política de tolerancia cero contra los trabajadores estatales que incurran en hechos delictivos o de inmoralidad, como por ejemplo faltas injustificadas a puestos laborales.

 

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