La larga lista de despedidos con causa (hay ejemplos impresionantes) de empleados del Estado en Neuquén, se engrosó esta semana con otros tres, ahora ex estatales; y los motivos para esas cesantías no dejan de sorprender, pues en un caso la justificación fue una condena por homicidio; en otro, la presentación de certificados médicos falsos para no ir a trabajar; y el tercero, el más común, la pertenencia al gran plato de ñoquis que, de a poco, se va vaciando de la gran burocracia estatal neuquina.
Los decretos correspondientes fueron firmados por el gobernador Rolando Figueroa, quien ha reafirmado reiteradamente que habrá tolerancia cero con estas conductas, que encuadran dentro del contexto de una corrupción arraigada en los laberintos de la administración pública.
A uno de los expulsados se le aplicó la sanción más severa que la cesantía, que es la exoneración. Alfredo Martín López Boudet era objeto de un sumario administrativo a raíz de la causa “LÓPEZ BOUDET, ALFREDO MARTÍN S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO”.
De la causa penal devino inicialmente la presunta responsabilidad del agente por la supuesta violación del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén. El 5 de mayo de 2023 fue condenado, ya que la Justicia lo consideró culpable del delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido en exceso de la legítima defensa".
El trámite sumarial se aceleró, y ahora se concretó el despido y exoneración.
Una de las cesanteadas es la ahora ex agente de planta permanente del ministerio de Gobierno, Nadia Ayelén Rivera. El 20 de marzo de 2023 le iniciaron sumario administrativo por haber presentado certificados médicos apócrifos (falsos, truchos).
Las direcciones de los hospitales Centenario y Bouquet Roldán certificaron que no está en sus registros que el médico firmante hubiera atendido a Rivera.
Finalmente, Carlos Eduardo Neira, a los fines de categorización, ayudante de cocina del Hospital de Junín de los Andes, lo despidieron después de haber probado que incurrió en "inasistencias continuas y discontinuas e injustificadas durante los días 21, 22, 24, 25, 27 y 2 de enero; como así también 1, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22 de febrero de 2023".
Esto fue calificado como "abandono de cargo", situación que está prevista para ameritar la expulsión de las filas de la administración pública.
Como en otros casos, la instrucción del gobernador, expresa, es que se recupere el dinero que fue pagado por el Estado sin recibir la contraprestación laboral correspondiente. Figueroa dispuso que, de ser necesario, actúe el Fiscal de Estado.