Una investigación puso bajo la lupa el destino de vehículos que habían sido secuestrados por la Policía de Neuquén y que permanecían bajo custodia, algunos de ellos a la espera de ser enviados a procesos de compactación. Una irregularidad detectada con uno de esos rodados abrió una pesquisa que luego se extendió a otros vehículos.
El caso derivó en cinco allanamientos, principalmente en Centenario, donde fueron encontrados entre 120 y 140 vehículos en dos desarmaderos que funcionarían de manera ilegal. La investigación alcanza a personal policial y civiles y busca determinar cómo llegaron esos rodados hasta esos lugares y quiénes participaron.
El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, confirmó la investigación durante una entrevista con Pancho Casado por AM550 y explicó que la causa tiene una instancia judicial y otra administrativa dentro de la Policía.
“En este momento están reunidos el jefe, subjefe y las autoridades del Consejo Asesor Superior (CAS), trabajando en ese sentido”, confirmó el ministro.
Nicolini señaló además que se encuentra informado sobre el avance de la investigación desde la Jefatura.
“Yo estuve al tanto permanentemente, se me informó desde la Jefatura”, sostuvo.
Dos investigaciones sobre un mismo caso
La investigación penal está a cargo de la Fiscalía, que busca establecer las responsabilidades que puedan corresponder por la salida de los vehículos que debían permanecer bajo custodia.
Nicolini explicó que actualmente dos o tres personas están bajo proceso judicial, aunque aclaró que también existe otra línea de análisis vinculada con el funcionamiento interno de la fuerza.
“En este momento están bajo proceso judicial dos o tres personas, pero bueno, hay otras responsabilidades administrativas también”, señaló.
El ministro remarcó que no pretende intervenir en el trabajo de la Justicia, pero sostuvo que el Gobierno debe analizar qué ocurrió dentro de la estructura policial y cómo funcionaron los controles.
“Es una investigación que está llevando adelante la Fiscalía, yo no me quiero inmiscuir en su trabajo”, aclaró.
A la vez, planteó que la investigación administrativa debe establecer si quienes tenían responsabilidades de mando cumplieron con las tareas de supervisión correspondientes.
El punto que ahora se analiza dentro de la Policía
Uno de los aspectos que tomó especial relevancia es determinar cómo pudieron salir vehículos que estaban bajo custodia policial y qué controles existían sobre esos rodados.
Nicolini hizo hincapié en que una eventual ausencia de responsabilidad penal no necesariamente elimina las responsabilidades administrativas vinculadas con el control de un área.
“Si estás a cargo de un área, no te pueden estar sacando vehículos, por más que no tengas ninguna responsabilidad penal, que no estés metido en la maniobra”, afirmó.
Y agregó: “No te pueden estar pasando por delante de las narices esas cuestiones”.
La revisión apunta así no solamente a quienes pudieron haber intervenido directamente en la maniobra, sino también al funcionamiento de las áreas que tenían a su cargo la custodia y el seguimiento de los vehículos.
Los rodados que esperaban la compactación
La investigación comenzó a partir de una irregularidad detectada con uno de los vehículos que debía permanecer bajo custodia policial a la espera de su compactación.
A partir de ese episodio, la pesquisa avanzó sobre otros automóviles y vehículos que se encontraban en una situación similar.
Los procedimientos realizados en dos desarmaderos de Centenario permitieron localizar entre 120 y 140 vehículos. Entre los rodados había automóviles y camiones que, de acuerdo con la investigación, debían encontrarse en depósitos oficiales o haber sido enviados al proceso de compactación.
La documentación y los vehículos encontrados forman ahora parte del análisis de la causa.
La investigación continúa y todavía no se determinaron responsabilidades penales definitivas.
Nicolini: “No puede pasar”
La situación también generó una fuerte reacción del ministro de Seguridad, quien vinculó la investigación con el proceso de fortalecimiento que el Gobierno lleva adelante dentro de la Policía.
“A mí me ha enojado mucho la situación, porque no puede pasar”, afirmó indignado Nicolini, durante la entrevista con AM550.
El funcionario sostuvo que el Ejecutivo viene realizando un trabajo destinado a mejorar las condiciones de la fuerza y planteó que ese proceso también implica actuar cuando aparecen irregularidades.
“Realmente estamos realizando un trabajo enorme desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, para mejorar la policía, para capacitarla, para que realmente trabajen bien, que tengan lugares dignos de trabajo, sueldos dignos, condiciones dignas de seguridad”, manifestó.
En ese contexto, fue contundente respecto de las consecuencias que podrían surgir de la investigación.
“No podemos tolerar que estén haciendo esta maniobra”, sostuvo.
Policías y civiles, bajo la lupa
La investigación no se limita al personal de la Policía. De acuerdo con lo señalado por Nicolini, también hay civiles vinculados al caso.
“Hay civiles ligados también, hay personal policial”, confirmó el ministro.
La causa continúa bajo investigación judicial mientras, en paralelo, las autoridades policiales y el Ministerio de Seguridad analizan las responsabilidades administrativas que puedan corresponder.
De esta manera, el caso avanza por dos caminos: la Justicia determinará las eventuales responsabilidades penales, mientras que dentro de la estructura policial se revisará el cumplimiento de las obligaciones de control y mando.
El Gobierno anticipó una respuesta
Nicolini dejó planteado que las conclusiones de ambas investigaciones tendrán consecuencias en sus respectivos ámbitos.
“Todo el peso de la ley tendrá que caer contra quien tenga que caer. Será un resorte de la justicia y de nosotros en sede administrativa, todo el peso del poder administrativo también”, aseguró.
El ministro también remarcó que la decisión será avanzar con el máximo rigor sobre quienes resulten responsables, sin anticipar conclusiones sobre las personas involucradas mientras la investigación continúa.
"Con el máximo rigor de la ley y de los procedimientos administrativos, se va a caer sobre quien se tenga que caer”, afirmó.
Mientras la Fiscalía avanza con la causa, las autoridades de la Policía trabajan sobre la información reunida y el funcionamiento de las áreas involucradas. El objetivo es determinar qué ocurrió con los vehículos, cómo pudieron salir de la custodia y qué responsabilidades existen detrás de esa maniobra.
