El Concejo Deliberante de Vista Alegre se reunió este jueves con sus siete integrantes presentes para analizar el pedido de remoción o suspensión del intendente José “Turco” Asaad, luego de la denuncia por violencia de género presentada por su expareja. La sesión no resolvió la continuidad del jefe comunal: el expediente fue girado a Legales para su análisis.
La principal novedad fue que el concejal Antonio “Beco” Osés, de Juntos por la Vida, pidió retirar su firma del planteo de inhabilidad moral que había presentado junto con otros tres ediles. La retractación también quedó bajo estudio jurídico.
El caso mantiene abiertos dos frentes. Por un lado, avanza la investigación en el Ministerio Público Fiscal, a partir de la denuncia contra Asaad. Por otro, el Concejo Deliberante deberá determinar si existen fundamentos institucionales para avanzar con una eventual suspensión o remoción del intendente.
El pedido de expulsión quedó bajo análisis
La presentación original había sido firmada por Enzo Durán, Cecilia Martínez y Marisel Muñoz, los tres del Movimiento Popular Neuquino (MPN), y por Antonio “Beco” Osés, de Juntos por la Vida.
Los cuatro concejales habían invocado la presunta inhabilidad moral del intendente para solicitar su apartamiento del cargo.
Sin embargo, durante la sesión de este jueves Osés pidió retirar su firma. El planteo no implicó una definición sobre el fondo de la denuncia, sino que abrió un segundo expediente que también deberá ser analizado por los asesores legales del Concejo.
El resto del cuerpo quedó integrado por Munir Chacón, de Comunidad; Noelia Jara, de Juntos por la Vida; y Sandra Hernández, presidenta del Concejo Deliberante y referente del sector justicialista de Asaad.
De esta manera, por ahora, no hubo una votación para suspender o remover al intendente.
Qué establece la legislación sobre la continuidad de Asaad
Vista Alegre no cuenta con Carta Orgánica propia y se encuentra alcanzada por el régimen municipal establecido por la Ley Provincial 53.
El artículo 161 establece que, cuando se imputa al intendente la comisión de un delito, la suspensión preventiva procede de pleno derecho si el juez competente califica en la causa la existencia de “semiplena prueba de responsabilidad”. Una eventual sentencia firme condenatoria habilita la destitución de pleno derecho, mientras que una absolución o un sobreseimiento definitivo restituyen sus facultades.
Existe además otro mecanismo institucional. El artículo 277 de la Constitución de Neuquén establece que el intendente de un municipio de segunda categoría puede ser suspendido o removido por el Concejo Deliberante mediante dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros, por inhabilidad física o moral sobreviniente o mal desempeño.
En un Concejo integrado por siete representantes, ese requisito equivale a cinco votos.
La Ley 53 también establece un procedimiento específico para los casos de incapacidad o mal desempeño. Entre otros requisitos, contempla una sesión especial, citaciones previas y el derecho del intendente a ejercer su defensa.
La denuncia que puso al intendente en el centro de la escena
La situación comenzó después de que la expareja de Asaad realizara una denuncia en la Comisaría N°49 de Vista Alegre, en la que relató un episodio que calificó como violencia verbal, física y psicológica.
Según la denuncia difundida públicamente, el episodio habría ocurrido en una propiedad rural y se produjo durante una discusión relacionada con cuestiones vinculadas al divorcio.
Asaad negó los hechos denunciados y afirmó que presentará pruebas, testimonios y otros elementos ante la Justicia para respaldar su versión.
La investigación se encuentra en una etapa inicial y la existencia de una denuncia no implica, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal.
El caso también impacta al PJ neuquino
La situación de Asaad excede el ámbito municipal porque el intendente de Vista Alegre es además presidente del Partido Justicialista de Neuquén.
Tras conocerse la denuncia, distintos sectores del peronismo neuquino plantearon posiciones diferentes sobre el futuro político del dirigente.
En paralelo, el sector identificado con Peronismo Territorial analiza medidas sobre la situación partidaria del intendente.
Así, el expediente municipal quedó atravesado por una discusión que involucra simultáneamente al Concejo Deliberante, la Justicia y la conducción del PJ neuquino.
Un expediente con dos caminos diferentes
El caso de Asaad puede evolucionar por dos vías que no deben confundirse.
La primera es judicial. La Fiscalía debe investigar la denuncia, reunir elementos y determinar los pasos procesales correspondientes. La responsabilidad penal debe definirse dentro del proceso judicial.
La segunda es institucional. El Concejo Deliberante puede analizar la situación del intendente bajo las facultades que le reconoce la Constitución provincial y la legislación municipal.
Esto significa que una eventual decisión política del Concejo y el resultado de la investigación penal son procesos relacionados por el mismo hecho de origen, pero jurídicamente diferenciados.
