Plan Gas, el tecnicismo y U$D 1.000 millones en juego

Es interesante analizar las decisiones de la gestión Fernández-Fernández durante el periodo de pandemia. Para entender cómo se avanzó sutilmente en el sector gasífero durante los 120 días de encierro social, bastará remontarse al mes de marzo.

La fase pandemia

Mientras se tomaba dimensión de la propagación del Covid-19 por el mundo y el comité de expertos ocupaba horas televisivas, el gobierno designó como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGA) a Federico Bernal. Esta señal que pasó inadvertida para muchos fue una alerta para las corporaciones petroleras.

Los días de aislamiento obligatorio sirvieron para que Bernal denunciara penalmente al ex ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren y demás integrantes del Directorio del Ente Regulador por las denominadas "Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes”.

La estrategia del nuevo interventor apuntó a enviar mensajes concretos a la corporación petrolera. El primero, advirtiendo políticamente al entorno del expresidente que “en el país, nadie está tan limpito como para ventilar judicialmente los trapos sucios del otro”.

El segundo, dirigido a los empresarios petroleros. “En esta gestión no habrá posibilidades de fijar precios y volúmenes con los productores”. Y el tercero, destinado al entorno del Ministro de Desarrollo Productivo incorporando el tecnicismo de “las subastas en el nuevo plan gas”

¿Y cuál sería el impacto?

Tal como se está negociando en estas semanas, la subasta será separada para la cuenca neuquina y la austral, sin la posibilidad que la operadora pueda compensar los volúmenes faltantes de una con el gas de la otra.

De la subasta saldrán los precios a los que CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y las distcos (distribuidores locales) comprarán el gas.

¿Y dónde interviene el Estado? En la diferencia entre los precios de subasta y los U$D 3,4 mmbtu que será subsidiado por el Estado. A este tecnicismo se suma los volúmenes a ofertar y comprar que deberán ser incrementales respecto de la producción de mayo 2020.

El tema es que el piso -por declinación y estacionalidad- es bajo y los pozos de gas cerrados que ingresen en producción serán completados como “nuevo gas”.

Para entender qué gana y qué pierde el Estado, es importante saber que existen en las diferentes cuencas gran cantidad de pozos perforados sin terminar o incompletos (DUC). Los llamados DUC (Drilled but Uncompleted) son pozos perforados que se encuentran -por alguna razón- a la espera de incentivos que posibiliten la reactivación de la actividad que -desde el año pasado- viene en un franco declive.

Como síntesis, las operadoras necesitan incentivos y el gobierno mostrar una rápida recuperación. Este punto de coincidencia tiende a incentivar la estimulación de los pozos y lograr -en poco tiempo- una producción que pueda ser considerada como un resultado exitoso del nuevo plan gas.

El tecnicismo como arma

Es lógico pensar que en el gobierno existe una batalla por ocupar espacios de poder que influyan directamente en la política energética, y paralelamente en la económica.

Lo cierto es que los tecnicismos incorporados en los borradores del nuevo plan podrían desatar una guerra entre el sector liderado por Matías Kulfas y el nuevo interventor del ENARGAS. Un enfrentamiento político donde las inversiones se convierten en la carne de cañón de dos líneas internas del actual gobierno.

El riesgo que se observa desde la actividad privada es que el nuevo Plan Gas le otorga la posibilidad a Bernal de “no autorizar el pass through (el impacto que tiene en los precios una suba del tipo de cambio) de los importes de la subasta a la demanda”, aumentando el monto del subsidio.

La meta impuesta por el gobierno es alta; llegar a los 70 millones de metros cúbicos en forma escalonada en los próximos cuatro años. Para concretar técnicamente este desafío, el plan debe cerrar los primeros días de agosto para que las operadoras inicien una reactivación escalonada durante los próximos años.

Oportunidades y amenazas post pandemia

Lo cierto es que el Plan Gas ofrece oportunidades y amenazas que son analizadas por funcionarios de gobierno y asesores de empresas petroleras. Entre las conversaciones que se filtraron está el pedido del consorcio Total-Wintershall-PAE para incorporar el desarrollo offshore del yacimiento Fénix de Tierra del Fuego.

Para el consorcio, las condiciones del plan están dentro de las expectativas. En estos días, las discusiones se centran en ajustar un proyecto corporativo de mediano y largo plazo (ocho años) a un plan de gobierno de corto plazo (tres años).

El nuevo desafío del gobierno es concretar -en la etapa post pandemia- una inversión de U$D 1.000. Según los borradores que circularon por los despachos oficiales, cada pozo arrojaría una producción del orden de 1 mmcmd, un valor interesante no solo para el consorcio sino para la economía del país.

Con la puesta en marcha de la fase post pandemia los tiempos en el área de energía se aceleraron. La premura es cerrar el plan la primera semana de agosto y antes de un potencial acuerdo por la deuda.

El riesgo es alto y los rumores de cambios en el gabinete son fuertes. Tanto empresarios como funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo trabajan contra reloj para cerrar "un plan" que impulse la actividad gasífera en las diferentes cuencas, y en lo posible, lejos del tecnicismo de Bernal.