CERTIFICADOS MÉDICOS FALSOS
Imputan por estafa al Estado a un empleado legislativo
El empleado falsificó 9 certificados para justificar sus inasistencias. Le atribuyen provocar un perjuicio de 46.195 pesos.
Un empleado de la Legislatura de Neuquén fue acusado por estafar a la administración al haber falsificado certificados médicos para justificar nueve inasistencias a su trabajo. En todos los casos, la profesional médica desconoció como propias las firmas al pie de los certificados. Con esa maniobra, habría ocasionado un perjuicio al Estado de más de 45 mil pesos.
El jueves, la asistente letrada de la fiscalía Andrea Chamas imputó a M.R.F los delitos de fraude en perjuicio a la administración pública y uso de documentos falsos -9 hechos-, en calidad de autor.
Según la teoría de la fiscalía, el empleado no concurrió a su puesto de trabajo los días 22 de enero de 2018; 12 de febrero, 3, 14, 17, 22 y 30 de mayo de 2019 y 14 y 18 de junio también de 2019.
“El imputado, empleado del Poder Legislativo Provincial, presentó un total de 9 certificados médicos falsos. Ello, con el objeto de justificar inasistencia a su puesto de trabajo”, señaló la asistente fiscal. Todos ellos firmados por diferentes profesionales de la salud de un consultorio de la ciudad de Neuquén.
En mayo del 2019, personal del Departamento de Medicina Laboral de la Legislatura, “ante tantas excusas médicas”, contactó a la médica tratante para ampliar la historia clínica del imputado y la profesional “desconoció la realización de cada uno de los certificados existentes en el legajo personal del imputado”, lo que posteriormente fue ratificado por pericia caligráfica y documentológica.
Se informó oficialmente que con dicho accionar el imputado provocó un perjuicio económico al estado por un monto de 46.195 pesos.
En una audiencia anterior se le imputó el delito de estafa por el uso de documentos falso. El caso que se encontraba en la Unidad Fiscal Genérica se derivó a la Unidad de Delitos Económicos en la cual se amplió la calificación legal por el prejuicio económico a la administración pública, teniendo en cuenta que se le habían abonado los haberes al imputado. El juez a cargo de la audiencia dio por reformulado los cargos y dispuso el plazo de investigación en cuatro meses.
