El intendente de Campo Grande, Daniel Hernández, fue acusado junto a otros cuatro funcionarios por una presunta defraudación contra la administración pública vinculada a la compra de tierras destinadas a la construcción de la Escuela Primaria N° 300 de San Isidro. La Fiscalía sostiene que la operación se realizó mediante una serie de irregularidades que provocaron un perjuicio económico millonario para el municipio de unos 138 mil dólares, mientras que un juez de Garantías avaló la formulación de cargos y abrió una investigación penal.
La audiencia se marcó un fuerte avance en una causa que desde hace meses genera ruido político en Campo Grande. Frente al juez estuvieron el actual presidente del Concejo Deliberante, dos ex concejales, un ex secretario de Gobierno y Hacienda y la mujer que vendió los terrenos. Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en Hernández, jefe comunal en ejercicio y principal figura política alcanzada por la investigación.
Según expuso el fiscal Jefe Gustavo Herrera, la maniobra comenzó en septiembre de 2024 cuando se impulsó la compra de 14 lotes ubicados en San Isidro para levantar el nuevo edificio de la Escuela 300. El municipio terminó desembolsando 204 millones de pesos, una cifra que al momento de la operación equivalía a unos 165 mil dólares.
Pero allí aparece el corazón de la acusación. De acuerdo con la teoría fiscal, la mujer que vendió los terrenos no era propietaria plena de las tierras, sino que únicamente contaba con un boleto de compraventa. Además, los comercializó como 14 lotes independientes un inmueble que registralmente figuraba como una sola parcela.
Asimismo, la Fiscalía sostuvo que la operación avanzó sin varios de los controles básicos que exige una compra de semejante magnitud. Entre otras observaciones, se señaló que no existió una tasación previa, no se realizaron informes de dominio y tampoco se respetó el procedimiento previsto por la Carta Orgánica Municipal para que el Concejo Deliberante debatiera y aprobara la adquisición.
La investigación también incorporó un elemento particularmente delicado. Según el Ministerio Público Fiscal, la mujer imputada había encabezado reclamos y cortes de ruta para exigir un terreno destinado a la construcción de la escuela, convirtiéndose en referente de un grupo de padres. Luego, siempre de acuerdo con la acusación, terminó ofreciendo al municipio un predio que habría sido vendido a un valor muy superior al real.
Y es precisamente en la diferencia de valores donde la Fiscalía encuentra uno de los puntos más graves del expediente. Los investigadores sostienen que el terreno tendría un valor cercano a los 28 mil dólares si se considera como una única parcela. Incluso tomando la hipótesis más favorable, es decir valuándolo como 14 lotes, alcanzaría los 96.400 dólares. En consecuencia, el perjuicio económico para las arcas municipales oscilaría entre los 68.782 y los 137.182 dólares.
La causa tuvo su origen en una denuncia presentada por los concejales Patricio Ñewin y Mónica Gunkel, quienes cuestionaron desde el principio la forma en que se concretó la operación inmobiliaria. Los ediles advirtieron sobre irregularidades administrativas, dudas respecto de la titularidad de las tierras y un precio que no guardaba relación con los valores de mercado.
Sin embargo, el caso tuvo otro capítulo paralelo que favoreció al municipio. Hace pocas semanas, la Justicia Civil rechazó una demanda impulsada por los mismos concejales y confirmó la validez de la ordenanza que autorizó la compra del terreno. La jueza María Adela Fernández entendió que la operación ya había producido efectos jurídicos y que no correspondía declarar su nulidad.
No obstante, el avance de la causa penal demuestra que ambos expedientes recorren caminos distintos. Mientras la Justicia Civil analizó la legalidad administrativa de la ordenanza, la Fiscalía investiga si detrás de esa compra existió una maniobra deliberada para perjudicar económicamente al municipio.
Por ahora, la imputación no implica una condena. Sin embargo, la decisión judicial de habilitar la investigación representa un duro golpe político para Daniel Hernández y su gestión. Durante los próximos cuatro meses, la Fiscalía buscará reunir pruebas para determinar si la adquisición de las tierras para la futura escuela fue una decisión administrativa cuestionable o una maniobra fraudulenta que terminó poniendo bajo la lupa a las máximas autoridades de Campo Grande.
