PERJUDICARON AL ESTADO
Policías con certificados truchos zafaron del juicio penal
Son cuatro efectivos que presentaban certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias. Devolverán el dinero del fraude y harán donaciones al hospital Castro Rendón.
Cuatro efectivos policiales que presentaban certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias a sus trabajos, fueron beneficiados con no ser enjuiciados –una suspensión de juicio a prueba- y a cambio deberán donar mil pesos por mes al hospital Castro Rendón –durante un año- y devolver el equivalente al perjuicio monetario que causaron al Estado.
Este jueves se realizó una audiencia en la que la asistente letrada de la fiscalía, Andrea Chamas, llegó a un acuerdo con Cynthia Vergez, Matías Farías, Nicolás Hernández y Luis Miguel Álvarez, los efectivos policiales imputados, quienes aceptaron cumplir con ciertas pautas de conducta.
En el caso de Hernández, la fiscalía le imputó el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documentos falsos -15 hechos- en concurso real, y en calidad de autor.
En tanto que para Vergez, Farías y Álvarez les imputó el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documentos falsos -1 hecho-, en calidad de autores.
La suspensión de juicio a prueba es por el plazo de un año. Durante ese tiempo, las personas imputadas deberán “abstenerse de cometer nuevos delitos, no consumir en forma abusiva estupefacientes ni alcohol, mantener el domicilio y presentarse cada cuatro meses ante la dirección de Población Judicializada”. Además, “deberán pagar el monto que se ha determinado en el daño producido al Estado y deberán realizar donaciones mensuales de $1000 al hospital Castro Rendón”, se informó.
La suspensión de juicio a prueba es una medida que se aplica en casos en los que los delitos que se imputan tienen pena en expectativa menor a tres años y cuando los acusados no tienen antecedentes penales.
La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal es que entre septiembre de 2016 y octubre de 2019, los cuatro policías presentaron certificados médicos falsos para justificar sus inasistencias a sus puestos de trabajo, defraudando a la administración pública provincial mediante el cobro de remuneraciones indebidas, provocándole al Estado provincial un perjuicio económico de $43.678,89.
El juez de garantías a cargo de la audiencia homologó el acuerdo y suspendió el proceso a prueba en los términos planteados.
